El más reciente proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda, abierto a comentarios públicos, ha encendido una intensa discusión entre diversos sectores que, hasta ahora, se consideraban al margen de ciertos deberes fiscales. La propuesta establece ajustes en el mecanismo de retención en la fuente, y podría afectar a actores como iglesias, sindicatos y gremios empresariales, tradicionalmente exentos del impuesto de renta. La medida, que para el Gobierno representa un paso hacia la equidad tributaria, es vista por sus críticos como una amenaza a la autonomía y sostenibilidad de estos sectores.
Lo que ha generado mayor inquietud no es solo el fondo del decreto, sino su alcance. Según expertos tributarios, aunque muchas de estas organizaciones no están obligadas a declarar renta por su naturaleza jurídica, la nueva norma permitiría que se les practique retención en la fuente cuando reciban ciertos pagos. En la práctica, esto implicaría una carga fiscal que no estaba contemplada y que, para algunos, se traduce en una tributación indirecta.
Desde las iglesias se ha alzado una voz de preocupación. La Conferencia Episcopal y otras entidades religiosas han señalado que este tipo de medidas ignoran el rol social que cumplen estas instituciones, muchas veces supliendo tareas del Estado en zonas donde este no llega. Argumentan que imponer retenciones podría limitar su capacidad operativa, reducir sus donaciones y afectar programas comunitarios que impactan a poblaciones vulnerables.
Los sindicatos no se han quedado atrás en las advertencias. Para sus líderes, el decreto puede interpretarse como un intento velado de desincentivar su actividad organizativa, justo en momentos donde el Gobierno busca una reforma laboral de corte progresista. “No se puede hablar de justicia social mientras se aprietan los cinturones de quienes luchan por los derechos laborales”, afirman desde varias centrales obreras.
El gremio empresarial, por su parte, aunque con un tono más moderado, ha solicitado una revisión técnica y jurídica a fondo. En especial, los fondos parafiscales y las cámaras de comercio temen que el nuevo esquema de retención introduzca distorsiones contables y aumente sus costos administrativos. Para muchos de estos actores, el Gobierno estaría trasladando la carga de la vigilancia fiscal a los agentes económicos, sin un marco claro de compensación o retorno.
Desde el Ministerio de Hacienda se insiste en que el decreto busca cerrar brechas y corregir privilegios históricos que ya no se justifican. “Nadie está por encima de las reglas fiscales. Si hay ingresos, debe haber trazabilidad y contribución”, afirman fuentes oficiales. Además, recuerdan que el proceso apenas está en fase de socialización, por lo que se recogerán observaciones antes de su expedición final.
Sin embargo, el tono del debate sugiere que lo técnico ha quedado rápidamente opacado por lo político y lo simbólico. Las instituciones que podrían verse afectadas no solo representan estructuras jurídicas, sino también tejidos sociales con profundo arraigo en la vida del país. Cualquier intento de tocar sus ingresos, por más justificado que parezca desde una lógica tributaria, será interpretado como una intromisión en su misión histórica.
Así, el Gobierno enfrenta un nuevo dilema: cómo avanzar hacia una mayor progresividad en el sistema tributario sin desatar una crisis de confianza con sectores que, en muchos casos, han sido aliados estratégicos. En esa delgada línea entre el deber fiscal y el respeto institucional, se juega mucho más que un decreto: se juega una parte del capital político y social de la administración actual.
