En el complejo ajedrez político del Gobierno de Gustavo Petro, un nuevo movimiento ha captado la atención del país: el nombre de Eduardo Montealegre Lynett, exfiscal general de la Nación y reconocido jurista, suena con fuerza para asumir la cartera de Justicia tras la intempestiva renuncia de Ángela María Buitrago. La salida de Buitrago estuvo marcada por denuncias de presuntas injerencias desde el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y el Ministerio del Interior, en medio de un ambiente de tensión que no ha sido ajeno a los vaivenes del Ejecutivo.
Montealegre no es un rostro nuevo en los círculos del poder. Su trayectoria lo respalda: abogado del Externado, con especializaciones en derecho penal y constitucional en prestigiosas universidades alemanas como Bonn y Erlangen, ha ocupado cargos clave como viceprocurador, magistrado de la Corte Constitucional y fiscal general. Es, además, un asesor jurídico de confianza del presidente Petro, especialmente en el polémico tema de la consulta popular por decreto, figura que ha dividido a juristas y analistas políticos por igual.
No obstante, el regreso de Montealegre al primer plano del poder no está exento de controversia. Durante los últimos años, ha acumulado contratos con entidades del Gobierno Nacional por una suma cercana a los $1.788 millones, lo cual ha despertado interrogantes sobre su independencia y el alcance de su influencia en la Casa de Nariño. Aunque legalmente no hay impedimentos, el volumen de los contratos genera inquietudes sobre posibles conflictos de interés, especialmente ahora que se perfila como titular de una cartera fundamental para el andamiaje institucional del país.
Como magistrado de la Corte Constitucional, Montealegre se destacó por fallos de alto impacto en la defensa de los derechos humanos y el uso estratégico de la tutela como mecanismo de control ciudadano. Pero también fue protagonista de decisiones que marcaron la historia política reciente, como la caída del estatuto antiterrorista y el condicionamiento del referendo propuesto por Álvaro Uribe en 2003. Su papel en aquellos años lo consolidó como una figura jurídica influyente y, a veces, incómoda para el poder de turno.
En su paso por la Fiscalía General de la Nación (2012-2016), Montealegre defendió una visión garantista del derecho penal, promovió la reparación de víctimas del conflicto armado y enfrentó a la oposición en varios frentes, ganándose elogios y críticas por igual. No obstante, su gestión también estuvo marcada por decisiones polémicas y por el uso expansivo de figuras legales como el principio de oportunidad, lo que le granjeó enfrentamientos con sectores conservadores y con miembros del propio sistema judicial.
Hoy, su cercanía con Petro es incuestionable. Ha sido pieza clave en la justificación jurídica del intento del Gobierno de adelantar una consulta popular sin pasar por el Congreso, un proyecto que despierta resistencias por su posible carácter inconstitucional. Montealegre, sin embargo, sostiene la tesis de que el Ejecutivo puede acudir directamente al pueblo en circunstancias excepcionales, una interpretación audaz que podría abrir un nuevo capítulo en la relación entre el poder y la ciudadanía.
Con la inminente designación de Montealegre, el Ministerio de Justicia se prepara para una nueva etapa, marcada por una visión jurídica profundamente política. Mientras sectores aplauden su experiencia y formación, otros encienden las alarmas ante el riesgo de una concentración de poder en torno a un funcionario que, sin haber regresado aún formalmente al gabinete, ya ejerce una notable influencia en los derroteros del Gobierno. La pregunta que flota en el ambiente es si Montealegre será un garante del Estado de Derecho o un facilitador de decisiones que tensan los límites de la institucionalidad.
