En Colombia, el proceso anual de renovación de la matrícula mercantil está dejando más que una simple tarea administrativa para las empresas. Este año, un decreto del Gobierno ha alterado significativamente las tarifas para aquellas compañías con múltiples establecimientos fuera de su domicilio principal, provocando un aumento considerable en los costos para las grandes empresas. La medida, que entró en vigor con el decreto 045 de 2024, ha causado sorpresa y preocupación en el sector empresarial, especialmente entre las firmas más grandes del país.
La fecha límite para realizar este trámite es el próximo lunes 31 de marzo, y mientras que para las pequeñas y medianas empresas (mipymes) la normativa ha supuesto una reducción en los costos, las grandes corporaciones han visto un impacto negativo. El cambio fundamental radica en que, a partir de este año, los establecimientos de comercio asociados a una empresa deben pagar por los activos totales de la compañía principal, en lugar de hacerlo únicamente por los activos del establecimiento comercial en cuestión. Esta modificación ha elevado considerablemente las tarifas para aquellas empresas con una red de puntos de venta dispersos por todo el país.
El cambio también implica una penalización para las empresas que operan fuera de la ciudad donde se encuentra su domicilio principal. Según la nueva normativa, estos establecimientos deben pagar el doble de la tarifa estándar, lo que se ha traducido en un impacto económico significativo. Para algunas empresas, el aumento en la tarifa de la matrícula mercantil ha sido exorbitante. Un claro ejemplo es el caso de una compañía que, el año pasado, pagó $20.869.644 por renovar su matrícula mercantil. Sin embargo, con la nueva medida, esta cifra se disparó a $498.122.440, lo que representa un aumento del 2.287% en comparación con la tarifa del año anterior.
Este ajuste tarifario ha dejado a muchas grandes empresas de Colombia con una sensación de incertidumbre, obligándolas a replantear sus estrategias operativas y financieras. A medida que se acercaba el final de marzo, estas compañías se vieron enfrentadas no solo a la obligación de cumplir con los trámites de renovación, sino también a la necesidad de ajustar sus presupuestos ante un aumento inesperado de costos. Para algunas, este incremento es difícil de absorber, sobre todo cuando los márgenes de ganancia son ya ajustados y la economía nacional sigue atravesando momentos de incertidumbre.
Las cámaras de comercio del país, responsables de gestionar estos trámites, han sido conscientes de la preocupación generada, especialmente en aquellas regiones donde las grandes empresas tienen varios establecimientos fuera de su ciudad de origen. Si bien la medida fue diseñada con el objetivo de hacer más accesible el proceso para las mipymes, quienes se benefician de tarifas más bajas, la falta de un balance adecuado ha dejado a muchas de las empresas más grandes del país en una situación complicada. Estas empresas, en su mayoría, representan una parte importante de la economía nacional, y un aumento de costos tan drástico podría tener repercusiones a largo plazo.
El impacto de esta reforma no solo afecta a las empresas en términos de dinero, sino también en términos de planificación estratégica. Las compañías ahora deben considerar con más cautela la expansión de sus operaciones fuera de la ciudad donde tienen su sede principal. Algunos analistas sugieren que esta medida podría generar un desincentivo para que las grandes empresas abran nuevos puntos de venta en diferentes regiones del país, ya que los costos adicionales podrían desincentivar la expansión o, incluso, llevar a algunas empresas a reducir su presencia en ciertas áreas.
No obstante, el gobierno defiende la medida argumentando que es un paso hacia la equidad, buscando una distribución más justa de los costos para las empresas más grandes, que generalmente cuentan con mayores recursos. Además, se destaca que las mipymes, que son las más vulnerables, se verán beneficiadas al pagar tarifas más bajas, lo que podría ayudar a fortalecer su competitividad y facilitar su supervivencia en un mercado altamente competitivo.
En medio de este panorama, el sector empresarial sigue buscando alternativas para mitigar el impacto del aumento en la matrícula mercantil. Algunas empresas ya están explorando opciones para reducir el número de establecimientos en otras jurisdicciones, mientras que otras buscan mayor apoyo en las cámaras de comercio para entender mejor cómo optimizar sus costos bajo las nuevas regulaciones. En cualquier caso, este cambio se suma a un conjunto de desafíos que las grandes empresas ya enfrentan en un entorno económico complejo, donde cada gasto adicional cuenta y la adaptación a nuevas normativas se convierte en un ejercicio de constante innovación y estrategia.
