En medio de un panorama nacional marcado por el recrudecimiento de la violencia y la amenaza latente de perder la certificación antidrogas de Estados Unidos, un grupo de alcaldes de las principales ciudades del país emprendió —o al menos intentó emprender— un viaje a Washington con el objetivo de sostener reuniones clave sobre seguridad y cooperación internacional. Lo que se esperaba fuera una muestra de liderazgo regional ante la incertidumbre nacional, terminó convertido en un nuevo capítulo de tensión entre mandatarios locales y el presidente Gustavo Petro.
El viaje, programado para el 7 de septiembre, fue promovido por los alcaldes de Medellín (Federico Gutiérrez), Cali (Alejandro Eder), Bogotá (Carlos Fernando Galán), Barranquilla (Alejandro Char) y Cartagena (Dumek Turbay). El itinerario contemplaba encuentros con congresistas estadounidenses, analistas de seguridad y potenciales aliados en temas de inversión. Sin embargo, a último momento, Galán, Char y Turbay se bajaron del avión, cada uno con razones logísticas o administrativas. La iniciativa, que nació con intención técnica y apolítica, terminó cargada de lecturas políticas desde todos los frentes.
El Gobierno Nacional reaccionó con severidad. El presidente Petro, en un tono crítico, sugirió que los mandatarios estaban interfiriendo en asuntos de política exterior —un resorte exclusivo del Ejecutivo— y advirtió sobre posibles consecuencias legales. A su voz se sumó la del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien calificó la visita como una “intromisión diplomática” y cuestionó abiertamente a Gutiérrez y Eder, los dos alcaldes que finalmente sí llegaron a Washington.
Para el Ejecutivo, la sola mención de la descertificación antidrogas en el marco de ese viaje resulta problemática. Desde Palacio consideran que se trata de un debate diplomático de alto nivel que no puede abordarse por fuera de los canales oficiales. Sin embargo, los mandatarios locales aseguran que su viaje no tenía como fin interferir en la política exterior, sino proteger iniciativas de cooperación que dependen, en buena parte, del respaldo estadounidense. En voz baja, algunos incluso acusan al Gobierno de abandono frente a la crítica situación de seguridad que viven sus ciudades.
Uno de los más enfáticos en defender su postura fue Dumek Turbay. Aunque no pudo viajar por problemas con su pasaporte, el alcalde de Cartagena publicó un comunicado en el que explicó que la invitación provenía de legisladores estadounidenses, y que su intención era netamente comercial y de cooperación. “Las relaciones bilaterales entre Cartagena y EE. UU., históricas y de carácter bipartidista, son de mi resorte como primer mandatario de la ciudad. Es mi deber trabajar por el fortalecimiento de los lazos de cooperación internacional”, puntualizó.
A su turno, Carlos Fernando Galán, quien canceló su viaje por compromisos con el Banco Interamericano de Desarrollo, también defendió la iniciativa. En su opinión, los alcaldes no están excediendo funciones, sino asumiendo responsabilidades frente a la inseguridad que desborda sus ciudades. Una visión similar expresó Alejandro Char, quien no viajó por motivos logísticos, pero apoyó públicamente a sus colegas. Para ellos, la política exterior es un límite claro, pero la gestión de recursos y cooperación internacional para sus ciudades no debería verse como una falta.
En el fondo, el episodio vuelve a poner sobre la mesa la fractura entre el Ejecutivo nacional y los gobiernos locales. En este caso, el malestar no se origina únicamente en la acción de los alcaldes, sino en lo que representa: un liderazgo regional que busca respuestas más allá del centralismo. La imagen de mandatarios locales acudiendo a Washington para tratar temas de seguridad e inversión sin acompañamiento del Gobierno central no es solo un mensaje diplomático; es también una señal de que las tensiones políticas en Colombia han escalado al plano internacional.
