En un escenario político marcado por la confrontación constante, las declaraciones del congresista Miguel Uribe han generado un fuerte debate en torno a la protección de la niñez y la manera en que algunos actores políticos se posicionan frente a estos temas. Durante una sesión en el Senado, Uribe expresó con contundencia su desacuerdo con la intervención de la congresista Sandra Ramírez, quien, como representante del partido Comunes, hizo un llamado a la protección infantil, un discurso que, según el congresista del Centro Democrático, carece de la coherencia necesaria cuando se considera su pasado.
Ramírez, exintegrante de las FARC, es señalada por su presunta vinculación con crímenes de violencia sexual y el reclutamiento forzado de menores durante su tiempo en las filas de la guerrilla. Esto, según Uribe, hace que su discurso sobre la niñez en Colombia carezca de legitimidad, pues considera que no puede permitirse que quienes han sido responsables de esos abusos ahora se presenten como defensores de los derechos de los niños.
Aunque Uribe no mencionó directamente el nombre de Ramírez, sus palabras fueron un claro reproche hacia la congresista y su partido, que ha nacido del proceso de paz con las FARC. El congresista, visiblemente molesto, acusó a los miembros de ese partido de tratar de reescribir la historia y de presentar a los victimarios como víctimas, lo cual consideró un intento de distorsionar la verdad.
La discusión no solo se centró en los señalamientos contra Ramírez, sino en un tema mucho más profundo: la manera en que el país debe enfrentar la protección de los menores de edad en un contexto donde la violencia, el abuso y el reclutamiento ilegal de niños son problemas persistentes. Uribe, en su intervención, recalcó que la defensa de la niñez debe hacerse con coherencia y valentía, y que su partido no permitirá que se ignore el sufrimiento de las víctimas.
Este enfrentamiento es una muestra más de la polarización política que vive Colombia, donde el proceso de paz con las FARC sigue siendo un tema de fricción entre diversos sectores. La presencia de excombatientes en el Congreso genera constantemente tensiones, especialmente cuando se abordan temas como los derechos humanos, la justicia transicional y la reparación a las víctimas.
Por su parte, el partido Comunes, nacido del Acuerdo de Paz de La Habana, ha buscado posicionarse como un actor político legítimo, defendiendo la implementación de los acuerdos y buscando, entre otras cosas, la reparación a las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, los cuestionamientos sobre la conducta de sus miembros durante la guerra, especialmente en temas de violencia sexual y reclutamiento forzado, siguen siendo un lastre pesado que les dificulta ganar aceptación plena en ciertos sectores de la sociedad.
El debate, en este caso, no es solo político, sino moral. ¿Es posible que quienes han sido parte de un conflicto armado puedan, en algún momento, ser vistos como defensores legítimos de la paz y los derechos humanos? ¿Es válida la postura de aquellos que exigen una justicia más estricta para quienes cometieron crímenes graves durante la guerra? Estas preguntas siguen resonando en los pasillos del Senado y en las calles de Colombia, mientras la sociedad busca una forma de cerrar las heridas del pasado.
Al final, el discurso de Uribe sobre la coherencia en la defensa de la niñez resalta la necesidad de un enfoque claro y firme en la protección de los derechos de los menores en Colombia, sin caer en la tentación de utilizar el tema como un medio para fines políticos. La discusión sobre la verdadera naturaleza del proceso de paz y la reconciliación continúa siendo uno de los grandes retos del país.
