Uribe arremete contra decisión judicial: Una compulsa miserable por una declaración fantasiosa

 En un nuevo capítulo judicial que vuelve a poner en la lupa al expresidente Álvaro Uribe Vélez, la jueza Claudia Castro, del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín, ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que se investigue su posible responsabilidad en los homicidios de los abogados Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza, ocurridos en 1998. La decisión también cobija a su hermano, Santiago Uribe Vélez, y al general (r) Carlos Alberto Ospina. La reacción del ex mandatario no se hizo esperar.Desde su cuenta en la red social X, Uribe calificó la decisión como “una compulsa miserable” y desestimó de plano las bases sobre las que se sustenta. Según él, la orden judicial se apoya en una “declaración fantasiosa”, que ya habría sido investigada en el pasado y que gira en torno a una supuesta reunión que, en sus palabras, “nunca existió”. El tono de su respuesta refleja no solo molestia, sino también una estrategia clara: deslegitimar la providencia judicial señalándole de política y carente de sustento probatorio.“Una mentira vieja vuelve a usarse como excusa para revivir señalamientos sin fundamento”, escribió Uribe, insistiendo en que esta movida judicial responde más a intereses ideológicos que a hallazgos judiciales. En sus publicaciones, acompañadas de documentos, Uribe también trajo a colación la sentencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso de Jesús María Valle, donde —según él— no se menciona su nombre en ningún apartado del fallo.Y en efecto, en uno de los apartados citados, la Corte IDH reconoce la responsabilidad del Estado colombiano por la falta de protección al abogado y defensor de derechos humanos asesinado en 1998, pero no individualiza responsabilidades penales de personas concretas, menos aún la del expresidente. Para Uribe, este silencio es clave: si el tribunal internacional no lo señaló, no hay razón para que se le vincule ahora en una investigación que considera extinta y sin méritos.No obstante, la jueza Castro, en su decisión, dejó claro que su compulsa no se basa en la sentencia internacional, sino en otros elementos que emergieron durante el juicio por el asesinato de Valle. Aunque no se han revelado detalles completos de la motivación, se sabe que la declaración de un testigo habría apuntado hacia una presunta reunión entre paramilitares y funcionarios de alto nivel en Antioquia, cuando Uribe era gobernador del departamento. Una versión que, de comprobarse, tendría profundas implicaciones. La compulsa de copias judiciales no significa que Uribe sea investigado formalmente todavía, pero sí abre la puerta para que la Fiscalía evalúe si existen méritos para hacerlo. El caso se suma a una serie de procesos que lo rodean: además de esta nueva compulsa, el expresidente fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por soborno a testigos y fraude procesal, en el caso que marcó el primer juicio penal contra un expresidente colombiano en la historia reciente. A lo largo del día, las reacciones no se hicieron esperar. Mientras sectores afines al expresidente respaldaron sus declaraciones y denunciaron una persecución judicial con tintes políticos, organizaciones de derechos humanos y voces críticas del uribismo señalaron que cualquier decisión de la justicia debe ser respetada y valorada por su contenido jurídico, no por el peso político de los implicados. “Nadie está por encima de la ley”, dijo una fuente cercana a la defensa de las víctimas.Uribe, por su parte, ha manifestado que acudirá a todos los escenarios legales posibles para defender su nombre. El país, dividido entre quienes ven en él un símbolo de la seguridad democrática y quienes lo consideran el máximo responsable de crímenes del Estado, volverá a ver cómo la figura del expresidente se convierte en epicentro de una tormenta judicial. Una tormenta que, lejos de amainar, parece intensificarse con cada compulsa, cada sentencia y cada declaración.

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