Una vez más, el proceso judicial contra Julián Bedoya, excongresista y señalado por irregularidades en la obtención de su título de abogado en la Universidad de Medellín, sufrió un inesperado tropiezo. La audiencia que estaba prevista para este martes fue aplazada, y el motivo, aunque legalmente válido, resulta ser una irritante sorpresa: el fiscal encargado del caso decidió tomar vacaciones. Así, una vez más, el reloj de la justicia se detiene y el tiempo parece jugar en favor de los implicados.
La situación, que ya de por sí genera desconfianza en muchos sectores, fue justificada por el fiscal Fernando Augusto Arias Velásquez, quien argumentó que había solicitado sus vacaciones el 12 de febrero, mucho antes de que se programara la fecha para la audiencia. El descanso, que comenzó este lunes y se extenderá hasta el 16 de mayo, deja al proceso judicial sin su principal impulsor por más de un mes. La nueva fecha para la audiencia quedó fijada para el 19 de mayo, lo que retrasa aún más la resolución de este caso tan esperado por la opinión pública.
Es difícil no cuestionar la frecuencia con la que se dan estos aplazamientos, sobre todo cuando el caso involucra a un personaje de la política con un peso considerable, como lo es Julián Bedoya. La dilación en la justicia se ha convertido en una constante en Colombia, y situaciones como estas, que surgen de la mano de imprevistos tan simples como unas vacaciones, alimentan la sensación de que los procedimientos legales están sometidos a un ritmo más lento que el de la propia administración pública.
Lo que está en juego en este caso es crucial. Si se demuestran las irregularidades en la obtención del título de abogado por parte de Bedoya, las consecuencias no solo serían académicas, sino también profesionales y políticas. El excongresista, en caso de que se logre anular su título y tarjeta profesional, vería un impacto directo sobre su carrera y sus aspiraciones futuras. Sin embargo, este tipo de aplazamientos pone en duda la capacidad del sistema judicial para afrontar casos que involucran a figuras públicas, dando la sensación de que, por más que el caso se haya ventilado públicamente, la justicia podría estar siendo postergada indefinidamente.
Por otro lado, está repetida demora en el proceso judicial también refuerza la frustración de la ciudadanía, que se ve impotente ante un sistema que parece no poder ofrecer respuestas rápidas ni definitivas. La justicia, que se supone debe ser pronta y cumplida, parece estar atrapada en una serie de tecnicismos que, en lugar de avanzar hacia la resolución, perpetúan la espera. En un país donde los casos de corrupción, irregularidades y abusos de poder son moneda corriente, la ciudadanía tiene todo el derecho de exigir que el aparato judicial actúe con celeridad y determinación.
El aplazamiento de esta audiencia no es un incidente aislado, sino una práctica que se repite constantemente en casos de alto perfil. Las vacilaciones judiciales no solo afectan la credibilidad del sistema judicial, sino que también desincentiva a la sociedad a confiar en que la justicia está al alcance de todos. Los implicados en este tipo de procesos parecen moverse entre los plazos, las excusas y las vacantes para ganar tiempo, mientras las víctimas de la corrupción o el abuso de poder quedan a la espera de que el sistema funcione como se espera.
En este contexto, el reto para la justicia es claro: demostrar que puede superar los obstáculos y las dilaciones que se le imponen, y ofrecer a la ciudadanía resultados concretos que garanticen que los responsables de actos ilegales o indebidos sean sancionados adecuadamente. La espera hasta el 19 de mayo es un recordatorio de que, aunque el caso de Julián Bedoya tiene todos los ingredientes de un escándalo, el camino hacia la resolución parece estar marcado por constantes interrupciones.
Finalmente, es importante recordar que el aplazamiento de la audiencia no solo es un inconveniente para las partes involucradas, sino también para la imagen del sistema judicial colombiano. Cada vez que se presenta una excusa para posponer un juicio, se acrecienta la desconfianza en la capacidad del Estado para impartir justicia de manera oportuna. Y mientras tanto, los implicados siguen aprovechando cada respiro para ganar tiempo, dejando a la sociedad con la sensación de que en este país la justicia nunca llega cuando más se necesita.
