En el corazón del Valle de Aburrá, una montaña se desmorona a vista y paciencia de todos, mientras las autoridades se limitan a cruzarse señalamientos como si la gravedad del asunto dependiera del lenguaje institucional. El kilómetro 63+100 de la variante a Caldas, sector conocido como Las Chachas, se ha convertido en un símbolo de la desidia: un riesgo inminente para la vida de miles de conductores que transitan por la vía y una muestra elocuente de cómo los silencios administrativos también pueden ser letales.
La alerta más reciente fue emitida por la Alcaldía de La Estrella con un mensaje directo: “Evite transitar por la variante en ambos sentidos”. La razón es tan clara como angustiante: la ladera presenta desprendimientos constantes de material rocoso, lo que la convierte en una trampa que podría activarse en cualquier momento. Y sin embargo, pese a la gravedad, ni la Gobernación de Antioquia ni la concesión Covipacífico han asumido plenamente la responsabilidad de una intervención definitiva.
Mauricio Millán, gerente de Covipacífico, reconoció que se están ejecutando labores de manejo de aguas en la zona afectada, aunque con una aclaración que resulta inquietante: “Esas actividades no forman parte de la labor de la concesión”. La respuesta parece más pensada para eximirse que para proteger, como si la obligación de garantizar la seguridad vial pudiera subordinarse a cláusulas contractuales. Mientras tanto, se limitan a actualizar señalizaciones y reducir los límites de velocidad, medidas que poco o nada harán ante un nuevo desprendimiento.
Del otro lado, el secretario de Infraestructura de Antioquia, Luis Horacio Gallón, asegura que desde la Gobernación se emitieron advertencias claras a la concesión desde hace tiempo. Según él, no solo se alertó del riesgo, sino que también se pidió regular el flujo vehicular en la zona. Pero al igual que la montaña, las advertencias cayeron al vacío. En lugar de acciones coordinadas, lo que se ha visto es una cadena de declaraciones que se esfuerzan más por deslindar responsabilidades que por atender una emergencia que ya tiene nombre propio.
El paisaje se completa con lo que muchos conductores viven a diario: transitar con miedo. En las noches, el sector se vuelve una lotería de piedras que caen sin previo aviso, mientras que en los días de lluvia, el barro y la inestabilidad hacen de esta carretera una pesadilla. No es exagerado decir que, en cualquier momento, este tramo puede convertirse en escenario de una tragedia mayor. Y entonces, como siempre, vendrán los comunicados de luto y las promesas de que «esta vez sí» habrá soluciones.
Pero no se trata solo de una emergencia vial. Lo que sucede en Las Chachas es también una metáfora de un problema más amplio: el país de las obras inconclusas, los contratos imprecisos y las concesiones que, en el papel, prometen infraestructura moderna y segura, pero que en la práctica se lavan las manos cuando los riesgos se salen del presupuesto. Es el reflejo de una administración pública que muchas veces funciona como reacción, y no como prevención.
En este cruce de versiones y responsabilidades diluidas, hay algo que no admite ambigüedades: la vida de quienes transitan por esta vía está en peligro. El Estado, a través de sus distintos niveles, tiene la obligación de actuar con contundencia. No basta con advertir: se requiere cerrar la vía si es necesario, hacer una intervención técnica de fondo y establecer con claridad quién responde. La montaña no esperará una licitación.
Porque en Colombia ya hemos llorado demasiadas veces sobre las tragedias anunciadas. Y en este caso, la voz de la montaña no es un susurro: es un grito que exige atención inmediata antes de que sea tarde.
