Juliana Guerrero no camina, flota. Llega a la entrevista con un “holi” desarmante, como si no fuera el centro de una tormenta política que salpica al mismísimo Palacio de Nariño. Tiene 23 años, la sonrisa fácil, y la certeza de que su nombre, pese al escándalo, ya forma parte del engranaje institucional. “Dios me colocó aquí porque ve algo en mí”, dice, como si las instituciones terrenales pudieran responder a designios divinos.
Hasta hace unos días, Guerrero era la carta que el presidente Gustavo Petro jugaba para encabezar el Viceministerio de Juventudes, bajo la sombrilla del Ministerio de Igualdad. Hoy, su hoja de vida fue retirada discretamente del sitio oficial de Presidencia, mientras la universidad que le otorgó su título de contadora —la Fundación de Educación Superior San José— anuncia que se lo anulará. El motivo: no presentó el examen Saber Pro, requisito sine qua non para graduarse legalmente.
Ella insiste en que no hay engaño de su parte, sino un malentendido burocrático. “No me están quitando el título”, afirma. “Me gradué el 19 de julio, pero me dicen que me falta presentar la prueba. Ya estoy inscrita para hacerlo”. Según su versión, no se trata de una revocatoria del diploma, sino de un aplazamiento en su validez. “No puedo presentar el título oficialmente hasta que no cumpla ese requisito”. Lo dice con tranquilidad, como si la legalidad fuera una cuestión de tiempos y no de principios.
Pero los documentos internos de la universidad dicen otra cosa. Hay actas. Hay confesiones. El secretario general, ya destituido, reconoció que se expidió el diploma sin cumplir con los requerimientos. ¿Qué responde Juliana? “No me puedo hacer responsable de lo que hace internamente la universidad. Yo envié mi solicitud de grado con la evidencia de que estaba registrada para el Saber Pro. No conozco al secretario general ni al rector. Solo era una estudiante más”.
Sin embargo, el hilo se enreda en los detalles. El secretario dijo que el título se otorgó para que ella pudiera asumir un cargo público. ¿Coincidencia? Guerrero lo niega. “En julio, cuando me gradué, trabajaba en el Ministerio del Interior. Lo del viceministerio surgió después, en agosto. Mi hoja de vida estaba desactualizada porque no me habían entregado el acta en la ceremonia. La actualicé cuando me llegó el documento”. La explicación parece plausible, pero no despeja el tufillo de privilegio.
Más allá de tecnicismos, lo que este episodio revela es el rostro de una institucionalidad frágil, donde el poder político parece confundirse con los atajos. ¿Puede una universidad expedir títulos al margen de la ley solo porque un estudiante tiene proyección en el Estado? ¿Cuántos más habrán sido beneficiados por esa lógica de favores y silencios? ¿Cuánto cuesta un título cuando no se exige lo que la ley manda?
Juliana Guerrero, por ahora, no será viceministra. Pero ha dicho algo que quizás sea más revelador que cualquier otro dato: “No me desvela ese cargo y no lo pedí”. Tal vez esa frase encierra el drama de fondo. En Colombia, los cargos parecen caerle a algunos sin buscarlos, mientras otros, con todas las credenciales, nunca los alcanzan. En un país donde la meritocracia es apenas un eslogan, cualquier hoja de vida puede volverse, en cuestión de días, solo un papel entre comillas.
