La tensión entre el presidente Gustavo Petro y el gobierno de Estados Unidos abrió una grieta cuya onda expansiva ya se siente en Medellín. Más allá del tono político del desencuentro, la ruptura en el intercambio de inteligencia amenaza con frenar una de las operaciones más delicadas y urgentes del país: la identificación y judicialización de turistas extranjeros involucrados en la explotación sexual infantil.
Durante más de dieciocho meses, las autoridades colombianas y estadounidenses habían sostenido una cooperación silenciosa pero crucial. Operativos, cruces de datos y seguimientos coordinados permitieron cercar a redes que intentan convertir a Medellín en destino de depredadores sexuales. Pero la reciente orden presidencial de suspender los intercambios de inteligencia encendió alarmas en todos los niveles institucionales.
El primero en alzar la voz fue el alcalde Federico Gutiérrez. Con tono vehemente, advirtió que la crisis diplomática no solo erosiona una relación estratégica, sino que abre un boquete que puede ser aprovechado por las organizaciones criminales. A su juicio, el distanciamiento no es un acto simbólico ni una disputa retórica: es una puerta que se abre justo donde los niños son más vulnerables.
Gutiérrez señaló que la alianza con agencias como el FBI y Homeland Security ha sido decisiva en resultados tangibles. Gracias a esa cooperación, 93 extranjeros fueron admitidos en el aeropuerto, presuntamente con intenciones de cometer delitos sexuales contra menores, y se logró la histórica condena contra Stephen Correa, un caso emblemático en la lucha contra estos crímenes.
Sin esos canales de información, advirtió el mandatario local, el trabajo articulado queda debilitado. Y en un campo donde cada minuto cuenta y cada silencio puede significar una víctima más, la suspensión del flujo de datos no es un detalle menor, sino una amenaza directa contra la capacidad preventiva del Estado.
El Gobierno Nacional reaccionó para intentar contener la tormenta. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la medida no significaba la ruptura del trabajo con las agencias estadounidenses, sino una revisión de los términos de cooperación. Su mensaje buscó calmar la percepción de que Colombia estaría cerrando las puertas a la inteligencia internacional.
Sin embargo, la aclaración no apagó las inquietudes. Expertos en criminología y relaciones internacionales advirtieron que, más allá de las intenciones políticas, la señal enviada al mundo es la de un país que se distancia de la comunidad global de inteligencia, justo cuando el crimen transnacional exige más cooperación que nunca.
En ese contexto, Medellín queda atrapada en un choque de titanes que trasciende la geopolítica y aterriza en las calles, en los barrios y en la vida de niños que dependen, sin saberlo, de sistemas de alerta que hoy están en riesgo. Lo que está en juego no es solo la diplomacia: es la capacidad real del Estado para proteger a los más vulnerables frente a una amenaza que no conoce fronteras.
