En un nuevo episodio del debate sobre el manejo fiscal en Colombia, el presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa una propuesta que busca dar un giro drástico a la forma como el país ha asumido los subsidios a los combustibles. A partir del último reporte de Ecopetrol sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que revela una deuda histórica de $72,8 billones pagada por el Estado entre enero de 2022 y junio de 2025, el mandatario planteó que sean los sectores más ricos los que asuman esta carga a través de la próxima reforma tributaria. Una propuesta que no solo tiene implicaciones económicas, sino que entra de lleno en el debate ético y político sobre quién debe pagar las cuentas del modelo fiscal heredado.
Petro fue enfático: ese hueco fiscal jamás debió haberse generado. Según él, la decisión del gobierno anterior —encabezado por Iván Duque— de mantener bajos los precios de la gasolina mientras los precios internacionales se disparaban, respondió más a intereses políticos que a un cálculo técnico. “La obsesión de Duque de mantener el apoyo de los sectores más ricos de la sociedad y de la clase media alta llevó a una aberración en el presupuesto de lucha contra el covid”, dijo, en uno de los señalamientos más duros que ha hecho contra su antecesor. Así, mientras se inyectaban billones a sostener un precio artificial del combustible, la pobreza alcanzaba niveles que el país no veía en décadas.
En esta línea, el presidente calificó como inconstitucional el subsidio mismo, al considerar que el uso de recursos públicos para beneficiar de manera desproporcionada a quienes no lo necesitaban constituye una violación al principio de equidad fiscal. Y aunque la Corte Constitucional no lo frenó en su momento, Petro insiste en que su gobierno ha hecho lo correcto al cerrar progresivamente la brecha entre el precio nacional y el internacional de los combustibles. Esa decisión, aunque impopular, habría permitido reducir el déficit del FEPC a solo $2,5 billones al cierre de junio de 2025, el nivel más bajo en cuatro años.
Pero el presidente no se quedó en la crítica. En su estilo habitual, pasó de la denuncia a la acción y lanzó una advertencia: si el Congreso no aprueba una reforma tributaria que obligue a los más ricos a pagar esta deuda histórica, el precio de la gasolina tendrá que subir nuevamente. Con ello, se trasladaría la carga de forma generalizada, afectando incluso a los más pobres, y se aceleraría la transición hacia la movilidad eléctrica, una de las banderas del gobierno actual. “Es una cuestión de vida o muerte frente al cambio climático”, dijo, apelando a la conciencia ambiental para justificar una medida que también tiene un trasfondo fiscal.
La propuesta, sin embargo, no será fácil de tramitar. Petro ha dicho que la nueva reforma tributaria incluirá también una rebaja generalizada del impuesto de renta para las empresas, en un intento por estimular la inversión y el empleo. Pero esa mezcla —aumentar impuestos a las personas naturales de mayores ingresos y reducirlos para las empresas— promete encender un nuevo debate en el Congreso y en la calle, donde los ánimos fiscales ya están caldeados desde reformas anteriores.
Desde Ecopetrol, el informe entregado da un respaldo técnico a la postura del Ejecutivo. La empresa reconoció que entre 2021 y 2022 los subsidios fueron fundamentales para evitar una crisis en la cadena de suministro de combustibles y para sostener su propio plan de inversiones. Sin embargo, también admitió que el modelo era insostenible a largo plazo, especialmente con la combinación explosiva de precios internacionales al alza, guerra en Ucrania y un peso colombiano en caída libre. Ahora, con la deuda casi saldada, el momento para repensar la política energética parece propicio.
En suma, la nueva propuesta de Petro pone el foco sobre una de las decisiones más polémicas del pasado reciente: subsidiar combustibles para todos, sin distinción de ingresos. Con su apuesta, el presidente busca no solo sanear las finanzas públicas, sino también reconfigurar el pacto fiscal del país. Queda por ver si el Congreso —y el país— están dispuestos a dar ese paso. Porque al final, como en toda política fiscal, no se trata solo de cifras: se trata de quién debe pagar la cuenta.
