En un movimiento que desafía los ritmos tradicionales del poder legislativo, el presidente Gustavo Petro volvió a poner en tensión la institucionalidad colombiana. Desde el corazón del Consejo de Ministros, el mandatario advirtió que si en 30 días el Senado no aprueba la convocatoria a una consulta popular —una herramienta para refrendar sus reformas sociales—, él procederá a hacerlo por decreto. Con esa frase, Petro no solo acelera los tiempos políticos, sino que profundiza su estrategia de gobernar desde la calle, apoyado por movilizaciones masivas y simbólicas.
El contexto no es menor. A las puertas del 1º de mayo, Día del Trabajo, el Gobierno ha volcado recursos y logística para estimular la participación ciudadana en marchas que se presentan como expresión popular, pero que, según denuncias, han contado con respaldo institucional. El erario, una vez más, entra en la escena no para obras, sino para alimentar una narrativa política que vincula la movilización social con la legitimidad de las reformas. Petro apuesta a que la calle presione donde el Congreso duda.
La antesala a estas marchas fue protagonizada por más de 20.000 indígenas que llegaron a Bogotá desde diferentes rincones del país. Su presencia, inicialmente coordinada con las autoridades, terminó desbordándose en acciones que rayaron en la toma del campus de la Universidad Nacional. El emblemático auditorio León de Greiff, así como zonas aledañas, fueron ocupados por grupos que, según denuncias internas, actuaron con machetes y actitudes intimidantes. Un escenario que preocupó incluso al rector Leopoldo Múnera, quien debió intervenir directamente para evitar una escalada mayor.
“Muy compleja la situación en el campus”, relató Diego Torres, profesor y miembro del Consejo Superior Universitario. Sus palabras dibujan una postal alarmante: la universidad pública convertida en epicentro de presiones políticas y territoriales, donde los límites entre el derecho a la protesta y la coacción se diluyen. ¿Es legítimo todo en nombre de la transformación social? ¿Hasta dónde puede el Estado facilitar ocupaciones que alteran el orden académico y afectan la convivencia?
La consulta popular propuesta por Petro no es nueva, pero sí lo es el tono con que se anuncia su inminencia. Se presenta como una herramienta de validación ciudadana, aunque aún no se ha radicado formalmente su texto ante el Senado. En este vacío jurídico, el presidente anticipa el uso de un decreto que, si bien encuentra ecos en la ley, también levanta serios interrogantes sobre el equilibrio de poderes y el respeto por los tiempos del legislativo.
El mensaje es claro: si el Congreso no se mueve, lo hará por la calle. Y si la calle no basta, lo hará el Ejecutivo por decreto. Este pulso político no solo enfrenta al Gobierno con el Congreso, sino que vuelve a poner a prueba las instituciones de control y vigilancia. ¿Puede un presidente legitimar reformas estructurales a través de un mecanismo de consulta convocado sin el respaldo explícito del legislativo?
Más allá del debate legal, lo que se configura es una tensión profunda entre dos formas de gobernar: una anclada en los procedimientos democráticos y otra basada en la apelación directa al pueblo. Petro no oculta su apuesta: busca construir una gobernabilidad apoyada en la movilización permanente. Una estrategia de alto riesgo en un país donde la polarización y la desconfianza hacia las instituciones son terreno fértil para la inestabilidad.
Queda por ver si esta consulta, anunciada entre machetes y marchas, logra trascender la coyuntura o si, por el contrario, se convierte en un nuevo capítulo de confrontación institucional. Lo cierto es que el país asiste a una reconfiguración del poder, donde la voluntad presidencial desafía los cauces clásicos de la democracia representativa. ¿Estamos ante un ejercicio legítimo de liderazgo o ante una peligrosa concentración de poder? Esa respuesta, más que en la plaza, se jugará en el marco del derecho.
