El pulso por una eventual sanción a la campaña presidencial de Gustavo Petro quedó, por ahora, en punto muerto. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no logró alcanzar la mayoría necesaria para tomar una determinación de fondo sobre las presuntas irregularidades en la financiación de la contienda que llevó al hoy presidente a la Casa de Nariño. La ausencia de los seis votos reglamentarios dejó la decisión en manos de los conjueces, quienes ahora tendrán la última palabra.
La sesión, realizada al final de la tarde del jueves, dejó un panorama fragmentado entre los magistrados. Aunque cinco de ellos se pronunciaron a favor de imponer una sanción y dos se mostraron en contra, ese resultado no basta para adoptar una resolución formal. El reglamento exige una mayoría absoluta de seis de los nueve integrantes del tribunal, un listón que esta vez no se alcanzó.
Ante este bloqueo, el camino procesal es claro: el expediente pasará a conjueces, figuras ajenas a la corporación que actúan como jueces transitorios cuando las mayorías se atascan o los magistrados quedan impedidos. Su rol es, en todo efecto, el de un magistrado más: estudian el caso desde cero, deliberan y emiten un voto que se suma al de la sala.
El expediente que deberán revisar recoge señalamientos sobre presunta vulneración de topes electorales y fuentes irregulares de financiación. Aunque el CNE no ha publicado detalles extensos, se trata de uno de los procesos más sensibles para la autoridad electoral, pues involucra directamente a la campaña que finalmente obtuvo la Presidencia en 2022.
Entre quienes votaron por sancionar a la campaña se encuentran Benjamín Ortíz, del Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, ambos ponentes del caso. A ellos se sumaron Maritza Martínez, de La U; Alfonso Campo, del Partido Conservador; y Altus Baquero, también del liberalismo. Su postura se sustentaría en hallazgos que consideran suficientes para una medida sancionatoria.
En la orilla opuesta, Cristian Quiroz, de la Alianza Verde, y Fabiola Márquez, del Pacto Histórico, se inclinaron por archivar o negar la sanción. Sus disensos reflejan la profunda división que este proceso ha generado al interior del tribunal, donde cada magistrado ha asumido posiciones marcadas por su lectura jurídica, política y procesal del expediente.
La votación estuvo además marcada por dos ausencias claves: las de Álvaro Echeverry, cercano al petrismo, y Alba Lucía Velásquez, también del Pacto Histórico. Ambos están formalmente impedidos para intervenir en este caso, lo que redujo aún más el margen para llegar a una mayoría sólida dentro del CNE.
Ahora, con el balón en el campo de los conjueces, el proceso entra en una fase definitiva. Su evaluación permitirá, finalmente, destrabar un expediente que ha mantenido en vilo al país político. Cuando emitan su voto, se sabrá si la campaña presidencial de Gustavo Petro enfrenta una sanción o queda exenta de responsabilidad. El desenlace, por tanto, apenas comienza a dibujarse.
