Es, sin duda, una de las imágenes más insólitas de la infraestructura en Colombia: un puente que despega con firmeza desde un costado de la carretera y, en lugar de aterrizar al otro lado, se suspende en el vacío. Así luce, desde hace más de tres años, la estructura inconclusa en la vía entre El Tablazo y el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, Oriente antioqueño. Un símbolo involuntario de la inercia estatal, los enredos jurídicos y la falta de voluntad política.
La historia de este elefante blanco en gestación se remonta a un litigio que parecería menor, pero ha paralizado toda la obra: un predio de 4.827 metros cuadrados donde debe asentarse el otro extremo del puente. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sostiene que ese terreno fue adquirido por la Aeronáutica Civil hace ya cuatro décadas, cuando el aeropuerto era apenas un trazo en el papel. Pero la empresa privada Otraparte S.A.S. reclama la titularidad, exige su pago y ha frenado cualquier avance.
En medio de este pulso jurídico, se ha tramitado una acción popular que estaría próxima a destrabar el proyecto. Según fuentes judiciales, se ordenaría la entrega del predio para el reinicio inmediato de las obras. A ello se suma una querella aún en curso, otro hilo más en la telaraña legal que ha mantenido suspendida la ejecución. La infraestructura, mientras tanto, continúa oxidándose ante la vista de miles de viajeros y habitantes de Llanogrande, El Tablazo y otros sectores de alta valorización que claman por una doble calzada funcional.
Lo más alarmante es que el tiempo corre. El financiamiento para este puente proviene del contrato de concesión de la Autopista Medellín-Bogotá, el cual termina el 30 de junio de 2026. Si la estructura no se concluye antes de esa fecha, los recursos disponibles pasarán a un fondo nacional, y el puente quedará convertido en una más de esas obras inacabadas que salpican la geografía del país. Sería el colmo del absurdo: tener el dinero y perderlo por un conflicto de papeles y negligencias cruzadas.
Este caso no solo desnuda un fallo de coordinación institucional, sino que plantea preguntas más hondas sobre la planeación vial en Colombia. ¿Cómo es posible que una obra de interés estratégico —que conecta uno de los aeropuertos más importantes del país— haya sido lanzada sin tener plenamente legalizada su base territorial? ¿Cómo pueden la ANI, el concesionario y los entes locales permitirse tres años de inmovilidad sin consecuencias mayores?
Los habitantes del Oriente antioqueño no necesitan más explicaciones legales. Necesitan soluciones. El desarrollo urbano y turístico de la región ha disparado el tráfico y ha vuelto urgente la ampliación de esta vía. El aeropuerto José María Córdova no es un terminal periférico: es una arteria nacional. Y su conectividad no puede seguir dependiendo del limbo jurídico de un predio sin dueño claro.
Ojalá la acción popular y el proceso en curso no lleguen demasiado tarde. Porque en Colombia, cuando una obra queda a medio hacer, la maleza crece más rápido que el cemento, y lo que debía ser un símbolo de progreso termina como escultura involuntaria del abandono. Este puente, que hoy se lanza al aire sin llegar a ninguna parte, merece una oportunidad de aterrizar. Y el país, una infraestructura que no flote en el vacío de la desidia.
