El inicio formal de los diálogos entre el Gobierno Nacional y la facción dirigida por alias Calarcá, el 13 de octubre de 2023, fue presentado como un hito dentro de la llamada Paz Total. Sin embargo, casi dos años después, el balance genera más dudas que certezas. La mesa, concebida para reducir la violencia en los territorios, se ha visto opacada por episodios que han marcado la agenda pública y cuestionan la credibilidad del proceso.
A lo largo de estos meses, la estructura del Estado Mayor Central (EMC), compuesta por facciones que no se acogieron al acuerdo de 2016, ha estado involucrada en hechos de alto impacto. La masacre de Amalfi, el escándalo por la infiltración en la Dirección Nacional de Inteligencia y el asesinato del dirigente Miguel Uribe Turbay se convirtieron en puntos críticos que pusieron a tambalear la mesa y el discurso de desescalamiento de la violencia.
Mientras estos episodios generaban indignación nacional, los representantes del EMC continuaron asistiendo a la negociación acompañados de una delegación compuesta por más de 40 integrantes. Muchos de ellos, según ha confirmado el propio Gobierno, cuentan con órdenes de captura suspendidas, un beneficio jurídico derivado exclusivamente de su presencia en los diálogos. En contraste, el Estado participa con un equipo de 11 delegados.
De acuerdo con cifras entregadas por la Consejería de Paz, el modelo de Paz Total promovido por el Gobierno de Gustavo Petro ha demandado hasta ahora 84.816 millones de pesos del erario. Solo el proceso específico con la estructura de Calarcá ha superado los 30.000 millones, sin que las comunidades puedan señalar reducciones claras en los índices de violencia.
En efecto, en varios municipios donde operan estas disidencias la confrontación armada no ha disminuido. Por el contrario, líderes sociales y autoridades locales han advertido que la presencia del EMC se mantiene intacta y, en algunos casos, ha aumentado su control sobre corredores estratégicos. Este panorama contradice la promesa inicial de alivios humanitarios inmediatos.
Pese a los reveses, el Gobierno insiste en que el diálogo es el camino más viable para evitar una expansión del conflicto. Los negociadores oficiales aseguran que los avances no siempre son visibles y que las discusiones internas del EMC toman tiempo, pues se trata de una federación de grupos con intereses y mandos diferenciados. Esa complejidad, aseguran, explica parte de la lentitud.
Sin embargo, la opinión pública y distintos sectores políticos cuestionan los resultados. Tras más de dos años de conversaciones, no existen acuerdos sustanciales que permitan proyectar un cese estable o transformaciones concretas en los territorios. La sensación predominante es que el costo político y económico supera, por ahora, los beneficios obtenidos.
En medio del creciente escepticismo, la mesa de diálogo con las disidencias de Calarcá enfrenta su momento más crítico. El país observa con atención si este proceso, que nació con la promesa de abrir un nuevo ciclo de paz, logra por fin traducir los millonarios esfuerzos en hechos tangibles para las comunidades que, día tras día, siguen padeciendo el rigor de la guerra.
