En un hecho que marca un antes y un después en la política colombiana, el Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso una sanción sin precedentes a la campaña Petro Presidente 2022, tras determinar que incurrió en una violación sustancial de los topes de financiación establecidos por la ley. Se trata de la primera vez que una campaña presidencial recibe un castigo de esta naturaleza, lo que convierte la decisión en un referente para el sistema electoral del país.
El fallo, adoptado después de un trámite complejo y rodeado de controversias, logró superar los múltiples tropiezos procesales que lo acompañaron desde su inicio. Pese a las presiones y los debates internos, el expediente avanzó hasta su culminación, dejando en firme las conclusiones sobre las irregularidades detectadas en los recursos ingresados a la campaña.
La decisión fue avalada por una mayoría de seis consejeros frente a tres que votaron en contra. Entre quienes respaldaron la ponencia estuvieron Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortiz —autor del documento—, Álvaro Hernán Prada y el conjuez Majer Abushihab. Por su parte, Cristian Quiroz, Fabiola Márquez y el conjuez Jorge Acuña se manifestaron en desacuerdo con la resolución.
El CNE concluyó que la campaña superó los topes electorales tanto en primera como en segunda vuelta, acumulando un exceso que superó los 3.500 millones de pesos. Paralelamente, determinó que se recibieron aportes provenientes de fuentes prohibidas, lo que agrava las infracciones registradas dentro del informe final.
Como consecuencia, se emitieron sanciones económicas en contra de Ricardo Roa, quien ejerció como gerente de la campaña y hoy ocupa la presidencia de Ecopetrol. También fueron multadas la tesorera Lucy Mogollón y la auditora Mary Lucy Soto, señaladas por su responsabilidad directa en la administración de los recursos.
Las medidas disciplinarias no se limitaron a los funcionarios de la campaña. El CNE también impuso multas a los partidos Colombia Humana y la Unión Patriótica (UP), organizaciones que apoyaron oficialmente la candidatura dentro del Pacto Histórico durante la contienda presidencial.
El pronunciamiento del organismo electoral reaviva el debate sobre la transparencia financiera en las campañas políticas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control que regulan la entrada y salida de recursos. La sanción, además, envía un mensaje claro sobre la obligatoriedad de respetar los límites económicos establecidos por la ley.
Con esta decisión, el país asiste a un capítulo que redefine la relación entre las campañas y los entes de vigilancia electoral. Aunque las reacciones políticas no se han hecho esperar, el fallo se perfila como un precedente que podría influir en las dinámicas de financiación en futuras elecciones nacionales.
