El reciente hallazgo de la primera dama Verónica Alcocer en pleno recorrido de compras por Estocolmo, acompañada del empresario catalán Manuel Grau Pujadas, volvió a poner sobre la mesa las inquietudes sobre las relaciones de poder que rodean al actual Gobierno. La escena, registrada por el diario sueco Expressen, ocurrió a la salida de una tienda exclusiva en el corazón del casco antiguo, donde Alcocer lucía una prenda valorada en más de 1.500 euros, detalle que avivó aún más la polémica.
Según el medio escandinavo, la presencia de Alcocer no pasó desapercibida. Expressen la presentó como “una primera dama prófuga”, recordando tanto su inclusión en la Lista Clinton como la investigación que la Fiscalía colombiana mantiene abierta en su contra. La crónica relata que, al acercarse un periodista, fue Grau quien intentó frenar las fotografías, mientras Alcocer respondió con un escueto “No hablo inglés” antes de continuar su recorrido entre vitrinas.
El reporte no solo reconstruye el episodio, sino que revive lo que el mismo medio había revelado meses atrás: el estilo de vida lujoso que Alcocer estaría llevando en Europa, asistiendo a eventos sociales junto a la élite escandinava. Las imágenes, ahora cruzadas con nuevas preguntas sobre su situación judicial, alimentan la controversia sobre la coherencia ética y política del círculo cercano al presidente Gustavo Petro.
En paralelo, el debate se intensifica por la adquisición de los aviones Gripen, una compra del Gobierno por más de 16,5 billones de pesos que, según críticos, podría incluir sobrecostos aún no aclarados. Que el viaje y las compañías de la primera dama coincidan con este contexto ha disparado interpretaciones sobre el alcance de las relaciones privadas en decisiones estratégicas del Estado.
La figura que más resalta en esta trama es Manuel Grau Pujadas, el empresario catalán que ha logrado consolidar una notable cercanía con la pareja presidencial. Grau no es ajeno a la opinión pública: su nombre ha sonado con insistencia por sus vínculos con contratos estatales y por su presencia en asuntos de alto nivel que desbordan la esfera estrictamente empresarial.
Grau pertenece al grupo conocido como el “combo de catalanes”, un círculo de amigos que en los últimos años pasó de la camaradería al poder político y económico. Varios de ellos recibieron la nacionalidad colombiana de manera exprés y, poco después, comenzaron a obtener contratos millonarios con entidades públicas, abriendo un debate sobre posibles favoritismos.
Uno de los episodios más llamativos en los que aparece el nombre de Grau ocurrió en Medellín, durante la administración de Daniel Quintero. Allí, el catalán habría intervenido en el proceso para la elección del presidente de ISA, un rol que muchos consideran impropio para alguien sin cargo oficial, pero con evidente influencia.
El encuentro captado en Suecia, más que un episodio trivial de compras, parece un nuevo capítulo en una historia enredada entre privilegios, poder y cuestionamientos. Las imágenes, sumadas a las investigaciones y contratos en disputa, vuelven a dejar en el aire una pregunta que el país aún espera resolver: ¿hasta dónde llega la influencia de ciertos actores en las decisiones del Gobierno y qué costos institucionales está dejando esta cercanía?
