En medio del debate sobre el futuro energético del país y las tensiones crecientes entre el Gobierno Petro y los gremios petroleros, ha salido a la luz una carta que, aunque aún no ha sido oficialmente confirmada por la empresa Terpel, ya está generando ondas sísmicas en el sector. El documento, dirigido al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, fue compartido por el propio funcionario en su cuenta de X (antes Twitter), y deja ver un gesto poco común: una empresa del sector energético deslindándose públicamente de la postura gremial dominante.
La carta, con fecha del 17 de junio de 2025 y firmada por Óscar Bravo, presidente de Terpel, se refiere de forma directa a unas declaraciones de Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP), durante un foro de sostenibilidad. Pearl, en tono crítico, cuestionó abiertamente la política energética del Gobierno. Pero Terpel, al parecer, no quiere cargar con el mismo tono confrontativo. En la misiva, se lee con claridad: “Sus palabras no representan la posición ni la opinión de Terpel”.
Que una empresa privada, cuya matriz es el grupo chileno Copec, tome semejante distancia frente a la principal voz gremial del sector petrolero colombiano no es un gesto menor. Es, por el contrario, una declaración simbólica y estratégica. Terpel, más allá de lo técnico, parece apostar por una postura institucional que favorece el diálogo y la cooperación por encima del choque frontal. “Queremos ser un aliado del Gobierno Nacional para enfrentar los retos del sector”, asegura la carta, en un tono que desarma y sorprende.
La filtración —intencional o no— ha encendido un nuevo foco de controversia. Desde la oposición, ya se escuchan voces que acusan al Ejecutivo de dividir a los gremios o de presionar a las empresas para que se alineen políticamente. Otros, en cambio, interpretan el gesto de Terpel como una muestra de sensatez empresarial frente a una coyuntura compleja, en la que los desafíos del sector requieren más cooperación que confrontación.
Lo cierto es que el sector energético colombiano atraviesa un momento de tensiones inevitables: la transición energética, la incertidumbre jurídica, las inversiones en juego, y un discurso oficial que a veces se percibe más ideológico que técnico. En ese panorama, la carta —sea espontánea, motivada o estratégica— plantea una pregunta que los empresarios deberán responder: ¿se puede construir un modelo de sostenibilidad sin romper todos los puentes con el Gobierno?
Más allá de su autenticidad formal, la carta de Terpel marca un parteaguas. No es frecuente ver a una compañía de esa magnitud expresarse en términos tan políticos, y al mismo tiempo tan diplomáticos. En tiempos de trincheras y polarización, su contenido se siente como una apuesta por el entendimiento mutuo. No por sumisión, sino por visión. Una visión de futuro compartido, donde el Estado y el sector privado no se vean como adversarios, sino como socios en un camino inevitable: el de una energía más limpia, más justa y más viable para todos.
En Colombia, donde la política suele capturar todos los gestos empresariales, habrá quien vea en esta carta una jugada maestra o una traición. Pero quizás sea simplemente lo que parece: una empresa que no quiere perder de vista su responsabilidad institucional, que decide marcar su propio tono, y que, en medio de un debate acalorado, prefiere no gritar, sino conversar.
