Los recientes acontecimientos en torno a Angie Rodríguez, hasta hace poco directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, han desencadenado un nuevo episodio de crisis política dentro de la Casa de Nariño. Su denuncia sobre un presunto ataque dirigido contra su familia y la irrupción de cinco encapuchados en la vivienda de sus padres ha encendido alarmas sobre la seguridad de funcionarios clave y sobre las tensiones que permanecen latentes en el círculo cercano del presidente Gustavo Petro. El episodio ocurre en un ambiente ya marcado por la opacidad y la desconfianza entre altos cargos del Gobierno.
Rodríguez afirmó que el 21 de noviembre un grupo de hombres ingresó a la residencia familiar, no para robar bienes materiales, sino para buscar documentos específicos. La funcionaria sostiene que los intrusos actuaron de manera coordinada y con información previa, descartando que se tratara de delincuencia común. Según su relato, la única pertenencia sustraída fue una bolsa con documentos personales cuya manipulación podría, según teme, usarse como instrumento de desprestigio en su contra, agregando que ya había sido objeto de montajes mediáticos y políticos en el pasado.
La exdirectora del Dapre entregó videos y fotografías a la Dijin y a la Fiscalía como parte de las pruebas del hecho. En su declaración, aseguró que las amenazas recibidas la obligaron incluso a sacar a su hijo del país. Rodríguez planteó que esta situación estaría relacionada con disputas internas generadas por su labor en la Presidencia, y señaló que conocía información sobre reuniones en las que “presuntamente” se habría buscado su salida del Gobierno. Sus palabras profundizan la sensación de fractura en el equipo que acompaña al presidente Petro.
El pronunciamiento del secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, también elevó el tono político de la situación. Al cuestionar públicamente la naturaleza del ataque y señalar que se trataba de un hecho “sofisticado” y lleno de inconsistencias, dejó entrever que podría existir una acción deliberada contra altos funcionarios del Gobierno. Sus comentarios fueron recibidos con cautela dentro de Palacio, especialmente porque el incidente ocurre tan solo días después de que el presidente solicitara la renuncia de Rodríguez en medio de disputas por poder y versiones aún no aclaradas.
Este episodio revive además viejas tensiones entre Rodríguez y José Alexis Mahecha, exagente del DAS y exsubdirector del Dapre, a quien la funcionaria removió de su cargo meses atrás y cuyo paso por la entidad estuvo rodeado de polémicas. Ambos, considerados cercanos al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, protagonizaron enfrentamientos internos que reflejan la falta de cohesión en el equipo presidencial. Con la denuncia de Rodríguez, la historia suma un nuevo capítulo y deja abierta una discusión mayor sobre la gobernabilidad, la seguridad interna y las luchas de poder que continúan afectando el corazón del Ejecutivo.
