En una noche que parecía tranquila, la ciudad de Medellín volvió a estremecerse, esta vez no por el eco lejano del viento entre las montañas, sino por una serie de detonaciones que interrumpieron la calma del oriente de la ciudad. Según confirmó el alcalde Federico Gutiérrez, una torre de energía de Empresas Públicas de Medellín (EPM) fue afectada por explosivos en el sector de Loreto, en la ladera de la Asomadera. Los hechos ocurrieron pasadas las 8:00 p.m. de este miércoles.
El estruendo alertó a los habitantes del sector y movilizó de inmediato a unidades del Ejército Nacional, la Policía Antiexplosivos y personal técnico de EPM, quienes acudieron para controlar la situación. A pesar del daño causado a la estructura, se informó que no se registraron cortes en la prestación del servicio de energía para los usuarios, aunque sí se generaron alteraciones temporales en la transmisión.
Las autoridades encontraron en el lugar una bandera que hace alusión al frente 36 de las disidencias de las Farc, lo que encendió las alarmas sobre la posible autoría del ataque. De acuerdo con el mandatario local, este acto sería una represalia directa tras un operativo reciente de la Policía Nacional en el municipio de Campamento, en el Norte de Antioquia, donde fueron abatidos cuatro integrantes de dicho frente disidente.
La hipótesis del alcalde fue respaldada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien reiteró que los indicios apuntan al mismo grupo armado. Ambos mandatarios anunciaron que se reunirán en la mañana del jueves en la Gobernación para liderar un consejo extraordinario de seguridad con el fin de evaluar los riesgos y coordinar respuestas institucionales ante la creciente amenaza.
Más allá del impacto material, el hecho vuelve a poner sobre la mesa las tensiones que se viven en distintas regiones del país frente a los grupos armados residuales. En este caso, el frente 36, conocido como el “frente de Calarcá”, ha mantenido una presencia activa y desafiante en el territorio antioqueño, aun cuando el Gobierno Nacional insiste en avanzar hacia un proceso de paz total con estos actores.
“Este es el mismo criminal con el que el presidente Petro pretende sentarse a negociar”, aseveró el gobernador Rendón con tono severo, dejando ver su desacuerdo con la política del Ejecutivo frente a las disidencias. Sus declaraciones profundizan el debate sobre los límites del diálogo en medio de acciones violentas que siguen poniendo en jaque a la población civil y a las instituciones.
Mientras se intensifican las labores de patrullaje y vigilancia en la zona afectada, la ciudadanía espera respuestas claras y acciones contundentes. El atentado contra la infraestructura energética no solo atenta contra un bien público, sino que también constituye un golpe simbólico a la seguridad y la estabilidad de una ciudad que, pese a sus esfuerzos por superar el pasado, aún enfrenta los embates de la violencia.
