La renuncia irrevocable de Laura Sarabia a la Cancillería marcó un punto de inflexión en la ya accidentada novela por los pasaportes en Colombia. Pese a una reunión de último minuto con el presidente Gustavo Petro, no hubo espacio para reversas ni salvavidas: “Mi tiempo en el Gobierno ha terminado”, sentenció la saliente ministra, sellando así su salida en medio de un lío de proporciones nacionales. Mientras tanto, el reloj avanza sin tregua: faltan apenas 53 días para que expire el actual contrato que permite la expedición de pasaportes en el país, un servicio que atiende en promedio a más de 8.000 ciudadanos por día.
La situación comienza a evidenciar síntomas de colapso. El sistema de agendamiento está “a su máxima capacidad”, como lo admitió ayer la propia Cancillería, revelando que en Bogotá –en solo dos sedes y en una jornada de nueve horas– han atendido hasta 4.600 personas diarias. Las filas crecen, las citas escasean y el temor colectivo se multiplica. El cuello de botella es tan estrecho que, si no hay una solución antes del 1° de septiembre, el país podría enfrentar una parálisis inédita en la emisión de pasaportes, uno de los documentos más solicitados por los colombianos en el exterior.
Detrás del caos se encuentra un contrato de $3,2 billones que ha estado en el ojo del huracán por cuenta de la relación con la firma Thomas Greg & Sons. A pesar de los cuestionamientos políticos que han rodeado a la compañía, la unión temporal que integra ha garantizado la elaboración de pasaportes durante 2024. Sarabia, intentando evitar una ruptura abrupta, gestionó una prórroga de 11 meses que fue rechazada por el Gobierno. Esa negativa fue la gota que desbordó el vaso y que precipitó su dimisión.
Con Sarabia fuera, el presidente Petro le encargó a Alfredo Saade –su nuevo jefe de gabinete y figura cercana al núcleo duro del petrismo– la estructuración de un convenio con el Gobierno de Portugal. El plan, que incluiría a la Imprenta Nacional, apunta a que el Estado asuma la producción de pasaportes de manera gradual. Sin embargo, los tiempos no cuadran. Expertos han advertido que implementar ese modelo en menos de dos meses es irreal, por no decir riesgoso, tanto para la seguridad del documento como para la protección de la base de datos biométricos de los ciudadanos.
Y así, con el acuerdo con Portugal en terreno resbaladizo y el contrato actual con fecha de vencimiento inminente, ha comenzado a sonar con fuerza un “plan C”: volver la mirada hacia una firma colombiana. Aunque no hay confirmación oficial, voces al interior del Ministerio aseguran que se estudia un eventual salvavidas con otro grupo empresarial nacional, capaz de asumir la operación de forma inmediata, con soporte técnico y experiencia probada. Este escenario, aunque impensado semanas atrás, hoy aparece como la opción más realista frente a la inminencia del vacío contractual.
Más allá de las disputas políticas y los cambios de nombres, el epicentro de esta crisis está en la ciudadanía. Millones de colombianos que necesitan renovar o sacar su pasaporte enfrentan una incertidumbre creciente, mientras el Estado intenta reacomodar sus piezas. Los traumatismos ya son visibles y podrían escalar si no se toman decisiones urgentes, eficientes y libres de cálculos ideológicos. En medio de esta tormenta administrativa, el pasaporte –ese pequeño cuaderno azul que simboliza la identidad internacional del colombiano– se ha convertido en una papa caliente de la que todos quieren hablar, pero pocos quieren asumir.
Con la salida de Sarabia y la transición en marcha, el país asiste a un nuevo capítulo de un proceso plagado de tensiones, advertencias técnicas y apuestas políticas. La gran pregunta es si, esta vez, el Gobierno elegirá una ruta pragmática o volverá a enredarse en su propio laberinto. Por ahora, todo apunta a que los pasaportes serán una prueba de fuego no solo para la Cancillería, sino para la propia gobernabilidad de la administración Petro.
