En el corazón del debate sobre el buen uso de los recursos públicos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de admitir una acción popular que sacude los cimientos del Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTVC. La demanda, interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, lanza una seria advertencia: la entidad, cuya razón de ser es fortalecer la comunicación pública y plural del país, estaría desviándose de su propósito institucional para convertirse, según los demandantes, en un mero intermediario de contratos logísticos.
El recurso pone el dedo en la llaga: en los últimos años, RTVC ha celebrado convenios con distintos ministerios y entidades estatales para tareas que poco tienen que ver con la producción y difusión de contenidos informativos o culturales. Desde el alquiler de tarimas y carpas hasta la contratación de servicios de transporte, alimentación y logística para eventos, el Sistema de Medios Públicos habría delegado estas funciones a operadores privados, alejándose de su esencia y, más grave aún, operando fuera de los principios de contratación pública que rigen el manejo del erario.
En un país donde la transparencia aún se abre camino a codazos, la acusación tiene un peso particular. La demanda asegura que RTVC se estaría comportando como un intermediario de recursos estatales, sin observar principios de selección objetiva ni garantizar condiciones de pluralidad ni transparencia en la adjudicación de los contratos. Esta figura, aunque legalmente posible bajo ciertas condiciones, despierta sospechas cuando se convierte en regla y no en excepción, y cuando el contrato puente termina beneficiando a terceros sin la debida vigilancia.
El cuestionamiento va más allá de lo administrativo. Se abre la puerta a otro debate de vieja data en el sector público colombiano: la contratación por prestación de servicios para cubrir funciones permanentes. Según el documento admitido por el tribunal, RTVC habría recurrido de manera reiterada a este tipo de contratación, lo que incluso podría estar configurando relaciones laborales encubiertas, una práctica que evade derechos laborales y precariza el trabajo en el sector estatal.
Cabe recordar que RTVC no es cualquier entidad: es el sistema de medios públicos encargado de llegar a todos los rincones del país con una oferta informativa y cultural que represente la diversidad de voces y territorios. Su función no es logística, ni protocolaria, ni de eventos. Es, en esencia, un instrumento de comunicación al servicio de lo público, de lo plural, de lo que no cabe en los formatos del mercado. Cualquier desvío de esa misión compromete no solo su legitimidad, sino la de todo el ecosistema democrático que la sostiene.
La admisión de la demanda no implica una condena, pero sí abre un capítulo judicial que podría tener efectos estructurales. El tribunal deberá determinar si RTVC ha actuado dentro de los márgenes legales o si, por el contrario, ha desdibujado su papel al tercerizar funciones y gestionar recursos con un enfoque que se aleja de su vocación pública. En el fondo, lo que se discute no es solo un conjunto de contratos, sino una visión del Estado y su deber de actuar con transparencia, eficacia y fidelidad a su misión.
Mientras avanza el proceso, RTVC deberá responder no solo ante la justicia, sino ante una ciudadanía que espera más de sus medios públicos que eficiencia logística. Espera periodismo crítico, relatos que abracen la diversidad nacional, y una voz institucional que le hable al país sin intermediarios innecesarios. La responsabilidad de cumplir esa expectativa no puede tercerizarse.
