En el ajedrez político que comienza a dibujarse de cara a las elecciones presidenciales de 2026, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, parece haber movido una pieza arriesgada: tomó distancia del Pacto Histórico, la coalición que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño, alegando que dentro de sus filas no hay espacio para su proyecto político. Sin embargo, la pregunta de fondo —y la que muchos en el Pacto se hacen en voz baja— es si esa ruptura fue voluntaria o si, en realidad, se trató de una exclusión silenciosa motivada por las investigaciones judiciales que pesan sobre él.
Quintero, quien en su momento se presentó como una figura renovadora, independiente y disruptiva, hoy se enfrenta a un panorama muy distinto: sus cuentas con la justicia, por presuntas irregularidades durante su paso por la Alcaldía de Medellín, le están cerrando puertas dentro del mismo movimiento progresista que alguna vez lo recibió con entusiasmo. Y si bien no ha sido formalmente excluido, la fría recepción a sus intentos por entrar a la consulta presidencial del Pacto habla por sí sola.
En un comunicado reciente, Quintero no se guardó nada. Señaló con dedo firme a una “izquierda miope y sectaria” dentro del Pacto, a la que acusa de haberle cerrado el paso deliberadamente. Según él, esa visión cerrada de lo político terminará entregándole el poder a la derecha, con las consecuencias sociales y humanitarias que —anticipa— eso implicaría. Su tono es beligerante, casi desesperado, como quien intuye que se le acaban los espacios y necesita recuperar terreno a toda costa.
Lo que no dice Quintero en ese mensaje, pero que sí se comenta con fuerza en los pasillos del Pacto Histórico, es que su presencia resulta incómoda para una coalición que busca mostrarse como alternativa ética frente a los partidos tradicionales. Las imputaciones por presuntos actos de corrupción —aún no juzgadas, pero ya suficientemente ruidosas— hacen que su figura represente más un lastre que un activo político. No hay una decisión oficial, pero los silencios también hablan.
Mientras tanto, la baraja de precandidatos en el Pacto sigue creciendo. A nombres como Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Carolina Corcho y Susana Muhamad se sumaron recientemente Iván Cepeda y Gloria Inés Ramírez, figuras de peso y con lealtad probada al ideario petrista. En ese grupo, un perfil como el de Quintero, con su tono confrontacional y su historial en entredicho, parece cada vez más fuera de lugar.
Lo que para Quintero es una marginación política, para otros es simplemente consecuencia natural de sus actos. Algunos líderes del Pacto afirman en privado que no es posible construir una opción de poder progresista mientras se ignore el peso de las investigaciones judiciales. No se trata, dicen, de condenarlo sin juicio, sino de tener la mínima prudencia política para no entregarle munición a sus opositores.
Así, el exalcalde de Medellín, que alguna vez soñó con proyectarse como la carta joven del progresismo nacional, hoy parece más cerca del ostracismo político que del tarjetón. Su renuncia —voluntaria o forzada— al Pacto Histórico es una señal de alerta sobre los límites de la ambición cuando esta no viene acompañada de cuentas claras. El tiempo dirá si encuentra otro camino o si su figura, como tantas en la historia reciente del país, se desdibuja entre el ruido de sus propias contradicciones.
