En los pasillos del Capitolio Nacional ya se respira el ambiente espeso del desacuerdo. Antes de que el Gobierno de Gustavo Petro tenga siquiera la oportunidad de radicar formalmente su nueva reforma tributaria —la tercera en esta administración—, el Senado de la República ha dejado claro que no le prestará el hombro. En un tono más propio de una ceremonia fúnebre que de un debate democrático, el presidente de la Comisión Tercera del Senado, Jairo Castellanos, sentenció que al proyecto se le dará “cristiana sepultura”. El mensaje, crudo y directo, anticipa un campo minado para el Ejecutivo, que aún no ha expuesto en detalle su propuesta, pero ya enfrenta el primer gran muro de contención.
Castellanos, integrante del partido En Marcha, no se guardó palabras ni reservas. “Este pueblo no aguanta más”, declaró con voz firme, aludiendo al desgaste económico de los colombianos tras años de crisis, pandemia y reformas impopulares. A su juicio, cualquier intento de aumentar la carga tributaria sería un atropello a la ya golpeada realidad social del país. El mensaje, más allá de lo simbólico, tiene peso político: la Comisión Tercera, encargada de los asuntos económicos, es una pieza clave en la arquitectura legislativa que necesita el Gobierno para sacar adelante cualquier ajuste fiscal.
A la posición de Castellanos se sumó, aunque con un tono menos rimbombante, la de la Comisión Cuarta, otra instancia determinante en el trámite presupuestal y fiscal. Allí, la desconfianza hacia las iniciativas del Ejecutivo también se hace sentir, lo que configura un frente de resistencia que puede comprometer no solo la suerte de la reforma tributaria, sino la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2026. El clima, lejos de ser el de una discusión abierta y técnica, parece anticipar una guerra de trincheras donde cada parte se parapeta en sus convicciones.
Desde el Ejecutivo, las reacciones no se hicieron esperar. Antonio Sanguino, ministro de Trabajo y figura cercana al núcleo más leal del petrismo, tachó de “irresponsabilidad infinita” la actitud de Castellanos. “Será sepulturero de las finanzas públicas”, escribió el ministro en su cuenta de X, dejando entrever la preocupación que empieza a cundir en el alto gobierno. La frase no solo responde al gesto simbólico del senador, sino al efecto que puede tener una negativa anticipada sobre la confianza inversionista y la estabilidad macroeconómica del país.
El trasfondo de esta confrontación temprana va más allá de una reforma puntual. Lo que está en juego es la gobernabilidad fiscal de una administración que ha intentado, sin éxito completo, implementar una agenda redistributiva y ambiciosa. Petro ya logró una primera reforma en 2022, a duras penas, y una segunda fue desmontada entre críticas y cálculos políticos. Esta tercera, aún sin rostro definitivo, podría convertirse en el epílogo de un esfuerzo estructural que no ha encontrado eco suficiente ni en los partidos ni en la calle.
El ambiente legislativo, de por sí tenso, se torna aún más complejo si se considera el calendario: con apenas unos días antes del cierre del mes, el Gobierno debe radicar el proyecto si quiere que sea debatido en el segundo semestre de 2025. Pero el anticipo de una “sepultura cristiana” lanza una señal inequívoca: el Congreso, en especial el Senado, no está dispuesto a ser un aliado automático. La oposición no solo es política, sino emocional, arraigada en una narrativa de hastío ciudadano frente a más impuestos.
Con esta premisa, el país asiste a una nueva escena del drama fiscal que ha caracterizado a este gobierno: una administración que empuja reformas sociales desde la orilla del progresismo, frente a un Congreso fragmentado, refractario y, en ocasiones, implacable. La reforma tributaria de 2025 puede que aún no exista en papel, pero ya tiene epitafio. Y con él, el Ejecutivo enfrenta una realidad cruda: que en la política colombiana, a veces, ni siquiera el derecho al debate está garantizado.
