Tras meses de tensiones políticas, controversias legislativas y debates ideológicos, la reforma pensional del gobierno Petro enfrenta este martes su prueba definitiva. La Corte Constitucional tiene en sus manos la decisión de validar o anular la Ley 2381 de 2024, una de las apuestas sociales más ambiciosas del Ejecutivo. No está en juego solo un texto legal: se trata del futuro del sistema pensional colombiano y de los pilares sobre los que se pretende reformarlo.
La Sala Plena del alto tribunal, presidida por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, analizará si el Congreso de la República cumplió con los requisitos constitucionales durante el trámite de la reforma. La ponencia que Ibáñez radicó la semana pasada será el punto de partida para un debate jurídico que podría definir no solo el destino de la ley, sino el margen de acción del Gobierno frente a futuras reformas estructurales.
En el centro del análisis está una pregunta técnica pero crucial: ¿fueron corregidos adecuadamente los vicios de procedimiento que, en junio, llevaron a suspender la entrada en vigor de la ley? La reforma estaba prevista para empezar a regir el 1 de julio de 2025, pero fue frenada por la Corte cuando se detectaron irregularidades en su aprobación durante la plenaria de la Cámara de Representantes. Las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio fueron convocadas con la intención de subsanar esos errores, pero no todos los sectores consideran que lo hayan logrado.
Congresistas como Katherine Miranda han advertido que, durante esas sesiones, no se alcanzó el quorum decisorio necesario para adoptar decisiones válidas. Si esa tesis prospera en la Corte, el país podría asistir a una decisión de inexequibilidad total. Es decir, que la ley sea expulsada del ordenamiento jurídico por haberse tramitado de forma inconstitucional. Esa sería la opción más drástica, y devolvería al país a las reglas de juego de la Ley 100 de 1993, con su esquema de competencia entre Colpensiones y los fondos privados.
Pero no es la única posibilidad. La Corte también podría declarar una inexequibilidad parcial, anulando únicamente los artículos aprobados de forma irregular, lo que obligaría al Congreso a reabrir el debate para corregirlos. En ese escenario, la reforma seguiría viva, aunque herida, y dependería de un nuevo pulso político en el Legislativo. Una tercera vía —la más favorable para el Gobierno— sería declarar que los errores fueron corregidos correctamente y dar vía libre a la implementación del nuevo modelo pensional.
La reforma, aprobada por el Congreso en medio de un ambiente polarizado, propone un sistema de pilares que amplía la cobertura y fortalece el papel del Estado a través de Colpensiones, al tiempo que reduce el protagonismo de los fondos privados en el manejo de los aportes de los trabajadores. Para sus defensores, se trata de una reforma progresiva, más solidaria y sostenible. Para sus críticos, representa una estatización del ahorro pensional y un riesgo fiscal a largo plazo.
En medio de la expectativa por el fallo, diversos sectores sociales, económicos y sindicales siguen de cerca el pronunciamiento de la Corte. Las decisiones que se tomen este martes podrían tener efectos inmediatos sobre la seguridad jurídica del sistema pensional, la confianza de los inversionistas, y sobre todo, sobre los más de 23 millones de afiliados que esperan claridad frente a su futuro pensional.
La Corte tiene hoy la palabra. En sus manos está no sólo la constitucionalidad de una ley, sino la validez de un proceso democrático que ha sido duramente cuestionado. Sea cual sea el camino que tome el alto tribunal, el fallo marcará un antes y un después en el pulso entre el Ejecutivo y las instituciones, y definirá si la promesa de una vejez digna con respaldo del Estado sigue en pie, o si deberá volver a empezar desde cero.
