Con el respaldo de los liberales y el partido de la U, el gobierno celebró una victoria crucial en el Senado de la República, al lograr la aprobación de la Reforma Pensional, que entrará en vigor el primero de julio de 2025.
A pesar de los intensos debates y la resistencia de la oposición, la iniciativa recibió 49 votos a favor y 4 en contra, lo que garantizó el quórum necesario para su aprobación.
Una de las principales disposiciones de la reforma es la creación de la Comisión Técnica de Protección Social Integral para la Vejez, compuesta por representantes de los ministerios de Trabajo y Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el DANE, y dos personas más designadas por el presidente.
La reforma establece requisitos claros para acceder a las pensiones. Aquellas personas que cuenten con 750 semanas cotizadas, en el caso de las mujeres, y 900 semanas para los hombres, y les falten menos de 10 años para cumplir la edad de jubilación, tendrán un plazo de 2 años a partir de la promulgación de la ley para trasladarse de régimen.
Además, se implementarán tres mecanismos clave para aumentar la cobertura en protección real a la vejez: la renta solidaria, la renta vitalicia y las pensiones. Se proyecta que para el año 2052, la cobertura alcance un 87%, beneficiando a más de 13.7 millones de personas mayores.
En un esfuerzo por combatir la pobreza extrema entre la población mayor, la reforma incluye la provisión de una renta solidaria para dos millones seiscientos mil adultos mayores, quienes recibirán apoyo hasta el final de sus vidas.
Finalmente, se aprobó un umbral de 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, garantizando un nivel mínimo de ingresos para los beneficiarios de estas medidas.
