La iniciativa busca impulsar procesos de racionalización y estandarización, abordando aspectos como costos, tecnología, reducción de tiempos y eliminación de trámites y requisitos innecesarios.
El Departamento Administrativo de la Función Pública lidera una exitosa política de simplificación y racionalización de trámites en todo el país, generando ahorros por un total de $15.400 millones. La Circular Externa 100-002 de 2024, recientemente emitida, insta a las entidades de la Rama Ejecutiva a intervenir los trámites que dificultan la vida de los ciudadanos.
Durante el año 2023, se implementaron 710 acciones de racionalización en 25 departamentos, impactando al 78% del país. Las entidades nacionales ejecutaron 84 acciones, mientras que los entes territoriales llevaron a cabo 626, abarcando racionalizaciones administrativas, normativas y tecnológicas.
La política de racionalización no solo se traduce en ahorros económicos, sino también en una mejora sustancial en la calidad de servicio a las comunidades, respetando su tiempo y simplificando procesos.
La relevancia de esta iniciativa radica en su respaldo normativo, fundamentado en decretos como la Ley 962 de 2005, Ley 019 de 2012 y 2106 de 2019; la Ley 2052 de 2020 y la Resolución 455 de 2021 de Función Pública.
La simplificación y estandarización de trámites buscan hacerlos más sencillos, eliminando complejidades, requisitos y costos innecesarios, y fomentando el uso de la tecnología para una gestión más eficiente.
