La Procuraduría General de la Nación anunció este jueves la apertura de una investigación disciplinaria contra el concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta, luego de que se viralizaron en redes sociales varios videos en los que aparece con un bate de béisbol en mano, enfrentando a manifestantes durante una marcha pro Palestina el pasado 7 de octubre en el barrio El Poblado. Las imágenes generaron un fuerte debate sobre el comportamiento de los funcionarios públicos frente al derecho a la protesta social.
Aunque el concejal —conocido en la escena local como “Gury” Rodríguez— insiste en que su actuación no fue “un acto de provocación”, el órgano de control disciplinario investiga si incurrió en faltas graves que comprometen la ética y el deber de los servidores públicos. En uno de los videos más difundidos, se le observa alzando el bate en actitud desafiante, rodeado de funcionarios de la Alcaldía de Medellín y agentes de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes conocido como ESMAD.
“La Procuraduría busca establecer si el comportamiento del concejal, que aparentemente incitó agresivamente a la ciudadanía a la confrontación, vulnera los principios de mesura, respeto y ejemplaridad que se esperan de un servidor público elegido por voto popular”, señala el comunicado oficial del ente de control. La investigación se abre en un contexto de creciente tensión entre algunos sectores del gobierno local, manifestantes y autoridades nacionales.
Los hechos investigados ocurrieron minutos después de un fuerte altercado entre manifestantes encapuchados y funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Medellín, que terminó con varios heridos. La confrontación tuvo lugar en inmediaciones de un restaurante de comida rápida sobre la Avenida El Poblado, y según versiones preliminares, se habría producido luego de intentos de los gestores de convivencia por contener el avance de la protesta.
El papel del concejal Rodríguez en esa noche sigue generando divisiones. Mientras algunos lo defienden como alguien que intentaba proteger a los funcionarios de la Alcaldía, otros lo acusan de haber exacerbado la tensión con su presencia y actitud agresiva. Las imágenes del bate, en particular, han despertado críticas por lo que simboliza: una amenaza física explícita en un escenario donde se exige diálogo y contención institucional.
Desde la Procuraduría se ha recalcado que los funcionarios públicos deben mantener una conducta ejemplar, especialmente en contextos de alta sensibilidad social como las manifestaciones. “La protesta es un derecho constitucional. Pero también lo es la obligación de los servidores de no convertirse en actores del conflicto”, expresó una fuente del Ministerio Público.
El concejal, por su parte, ha ofrecido declaraciones en medios locales afirmando que portaba el bate como medida de protección ante lo que describió como una “turba hostil” y que su intención nunca fue agredir, sino proteger al personal institucional. No obstante, su presencia armada y su rol en ese momento serán materia de análisis jurídico y disciplinario.
Mientras avanza la investigación, el caso reaviva un debate urgente sobre los límites del uso de la fuerza —y la simbología de la misma— por parte de figuras políticas en medio de protestas sociales. ¿Hasta dónde puede llegar un concejal en su rol institucional? ¿Puede portar armas contundentes sin que ello se considere incitación? Las respuestas, ahora, quedan en manos de la Procuraduría.
