En un discurso que osciló entre el llamado a la reconciliación política y la reafirmación férrea de su agenda reformista, el presidente Gustavo Petro volvió a insistir en sacar adelante su reforma laboral, cueste lo que cueste. Desde el atril, con tono pausado y retórico, el mandatario pidió un minuto de silencio por la salud del senador Miguel Uribe Turbay. Fue un gesto solemne, breve, casi simbólico. Pero apenas se reanudó la alocución, la moderación quedó atrás: la consulta popular —firmada por decreto— será el camino si el Congreso insiste en cerrar las puertas.
Petro, fiel a su estilo de confrontación institucional, envió un mensaje directo al Legislativo: “el pueblo decidirá”. Y esa decisión, según su estrategia, se tomará el próximo 7 de agosto, día en que pretende que los colombianos voten sobre las reformas sociales a través de una consulta popular. La fecha, cargada de simbolismo político, coincide con el aniversario de su llegada al poder. Dos meses de campaña aguardan, con un país dividido y una institucionalidad en tensión, mientras la Corte Constitucional estudia la legalidad del decreto que ya suma al menos tres demandas en su contra.
En paralelo, mientras Petro hablaba desde la tarima, el Senado discutía en sesión maratónica los artículos de la reforma laboral. Una ironía del momento político: el mismo Congreso que el presidente crítica por bloquear sus reformas, estaba debatiendo —y aprobando— buena parte de los artículos del proyecto impulsado por su Gobierno. A las 8 de la noche, tras aprobarse 17 artículos, se acordó que una comisión especial se reunirá para revisar los más polémicos antes de continuar el debate al día siguiente.
Pero no todo el petrismo está remando en la misma dirección. Varios sectores del Pacto Histórico han expresado su inconformidad con el texto que avanza en el Senado. Para ellos, el proyecto ha sido desdibujado en la negociación legislativa: se han sacrificado puntos clave como el fortalecimiento de los derechos sindicales, la mejora en las condiciones de los aprendices del Sena, o la regulación del trabajo digital. En otras palabras, la reforma que se discute en el Congreso no es la reforma que Petro prometió en campaña.
De ahí que el presidente parezca jugar su última carta: la calle. La consulta popular se convierte en el espacio donde Petro espera recuperar el control político de su narrativa. No es solo un mecanismo jurídico; es una estrategia de movilización. Y también un pulso al Congreso y a las cortes, que tendrán la última palabra sobre la constitucionalidad del proceso. ¿Puede un presidente convocar al pueblo cuando no tiene los votos en el Capitolio? Esa es la pregunta jurídica y política que ya agita al país.
Mientras tanto, la oposición se mueve con rapidez. La senadora Paloma Valencia, la representante Katherine Miranda y el exministro Wilson Ruiz han demandado el decreto que convoca a las urnas. Consideran que no hay base legal, ni condiciones para legitimar la consulta. Pero Petro, convencido de su visión histórica, parece dispuesto a forzar el debate, incluso si eso implica tensar los hilos del sistema democrático hasta su límite.
Así, Colombia entra en una nueva etapa de confrontación institucional, con una reforma laboral que avanza a medias y una consulta popular que aún no tiene el aval de los jueces. Entre la tribuna y el Capitolio, entre el decreto y la Constitución, el Gobierno insiste en transformar al país por la vía que sea. Y, como en toda encrucijada política, el riesgo es que, en nombre del cambio, se fracture el equilibrio que sostiene la democracia.
