En una decisión que profundiza la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, el presidente Gustavo Petro anunció que expedirá el decreto para convocar una consulta popular sobre su reforma laboral, a pesar de la negativa expresa del Senado y las advertencias de varios juristas. El anuncio se dio, como ya es costumbre, en una alocución intempestiva que interrumpió los noticieros privados, y en la que el jefe de Estado reiteró su tesis: el pueblo es el único soberano, y tiene derecho a decidir sobre los grandes temas de la política nacional. “La Corte Constitucional tendrá en sus manos el decreto”, dijo el mandatario, anticipando un camino que se adivina espinoso y, probablemente, inconstitucional.
La consulta, según confirmó el Gobierno, contendrá las 12 preguntas iniciales relativas a la reforma laboral. Quedan por fuera las cuatro adicionales sobre salud, que habían sido duramente criticadas incluso por asesores cercanos al Ejecutivo. En esta movida, Petro busca sostener el núcleo de su proyecto político, convencido de que el Congreso ha bloqueado las reformas por intereses partidistas. Pero los expertos no ven lo mismo. Para ellos, el decreto sería un abierto desconocimiento del equilibrio de poderes: el Senado sí se pronunció —aunque fuera negativamente— y el Ejecutivo no puede avanzar ignorando ese control.
El ministro de la Política, Armando Benedetti, fue claro: el decreto no está en duda, solo su forma. “Se está estudiando cómo se debe hacer, no si se debe hacer”. En otras palabras, la decisión está tomada, y la técnica jurídica corre por cuenta de los asesores. Algunos de ellos, como Eduardo Montealegre, exfiscal general, han estado cercanos al presidente desde sus días de alcalde de Bogotá. Montealegre asesora actualmente a RTVC y a Hollman Morris, y ha defendido públicamente la idea de que la consulta es viable por vía de decreto. Luis Ernesto Vargas, exmagistrado de la Corte Constitucional y actual embajador ante la OEA, también ha respaldado esa lectura.
Pero voces autorizadas en el derecho constitucional colombiano advierten que esta lectura raya en el abuso del poder. “Si el Senado se pronunció, así haya sido negativamente, el Ejecutivo no puede llenar ese vacío con un acto unilateral. Esto es una forma de rodear el Congreso, no de complementarlo”, afirmó un reconocido exmagistrado en condición de anonimato. Lo que Petro llama una “omisión legislativa” sería, en realidad, una maniobra política para legitimar por la vía de la emoción popular una iniciativa que no logró consenso institucional.
La historia reciente del país no ofrece muchos precedentes. La consulta de Álvaro Uribe para su segunda reelección terminó archivada por inconstitucional, y varias reformas de gran calado naufragaron al intentar saltarse el trámite parlamentario. Petro, sin embargo, insiste en que su mandato tiene origen plebiscitario y que no puede quedar atrapado por un Congreso que, según él, representa viejas formas de poder. Pero ese argumento, poderoso en términos retóricos, tiene serias grietas en el terreno jurídico.
La Corte Constitucional, como ya lo ha hecho en el pasado, será quien tenga la última palabra. Y si algo es claro en este episodio, es que el país se adentra en una disputa institucional de enormes proporciones. El Gobierno juega su capital político en una apuesta de alto riesgo, que puede terminar con la caída del decreto y un nuevo desgaste para el Ejecutivo. La oposición, por su parte, ve en este episodio la confirmación de lo que ha denunciado durante meses: que Petro, en su afán transformador, desconoce los límites republicanos del poder.
Más allá de lo jurídico, la jugada de Petro abre una pregunta de fondo sobre los métodos del cambio. ¿Puede un gobierno progresista prescindir de las reglas que él mismo prometió respetar? ¿Hasta qué punto la voluntad popular justifica los atajos? En un país marcado por las fracturas, las respuestas no son fáciles. Pero si algo enseña la historia colombiana, es que el respeto por las formas no es un obstáculo para el cambio: es la única garantía de que ese cambio no termine en caos.
