En una madrugada marcada por el estruendo de los aviones y la tensión en la selva del Guaviare, el presidente Gustavo Petro confirmó la orden de bombardear y disolver un frente de las disidencias de las antiguas Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco. La decisión, anunciada a través de la red social X, representa uno de los golpes militares más significativos de su gobierno contra el Estado Mayor Central (EMC), al tiempo que reabre el debate sobre el rumbo incierto de la llamada “paz total”.
“Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las Fuerzas Militares”, escribió el mandatario, confirmando así una operación que se ejecuta desde las primeras horas del lunes. Fuentes castrenses señalaron que el objetivo principal era un campamento asociado a redes de narcotráfico y extorsión que operaba en la zona selvática del departamento.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, precisó que tanto las Fuerzas Militares como la Policía Nacional participan de una “contundente operación ofensiva” que busca neutralizar estructuras armadas responsables de ataques recientes contra la población civil y la fuerza pública. “Desde la madrugada nuestras tropas avanzan en el Guaviare; la operación sigue en evolución”, señaló el alto funcionario sin detallar aún el número de bajas o resultados concretos.
La acción militar se da en medio de una fase crítica para la política de paz del Gobierno. Mientras los diálogos con algunas facciones del EMC se encuentran suspendidos, otras estructuras, como la comandada por Iván Mordisco, han intensificado sus acciones violentas en el suroriente del país. La orden presidencial, en ese contexto, se interpreta como una señal de que la paciencia del Ejecutivo frente a los incumplimientos de ciertos grupos armados ha llegado a su límite.
Analistas coinciden en que esta operación marca un punto de inflexión en la estrategia de Petro. Aunque el mandatario ha defendido la vía del diálogo y el desmonte negociado de la violencia, la ofensiva en Guaviare demuestra que el Gobierno no descarta el uso de la fuerza cuando los grupos armados persisten en el delito. La apuesta por la paz, advierten, podría transformarse en una política de presión militar combinada con negociaciones selectivas.
En el terreno, las comunidades rurales viven con miedo e incertidumbre. Habitantes de veredas cercanas al lugar del bombardeo reportaron movimientos inusuales de tropas y sobrevuelos constantes durante la noche. “Se escucharon explosiones muy fuertes desde la madrugada”, relató un campesino de la zona, quien pidió reservar su identidad por seguridad. Las autoridades locales han pedido medidas humanitarias para evitar desplazamientos forzados.
La ofensiva también plantea interrogantes sobre la coordinación institucional y el impacto ambiental de este tipo de operaciones en ecosistemas frágiles. Organizaciones defensoras de derechos humanos han recordado los riesgos que implica el uso de bombardeos en zonas donde puede haber presencia de menores reclutados por las disidencias, una preocupación recurrente desde anteriores acciones militares.
Mientras tanto, el país observa con expectativa los resultados de la operación y las decisiones políticas que le seguirán. La “paz total”, bandera del Gobierno Petro, enfrenta su prueba más dura: mantener la coherencia entre la promesa del diálogo y la obligación del Estado de garantizar la seguridad. En las selvas del Guaviare, el eco de las bombas vuelve a recordarle a Colombia que la paz, más que un acuerdo, sigue siendo una tarea inconclusa.
