El eco de las palabras del presidente Petro aún resuena: “No confío en la transparencia de las elecciones de 2026”. Pero este martes, tras un proceso vigilado por todos los organismos de control y con veeduría independiente, la Registraduría Nacional firmó el cheque más robusto del calendario electoral: adjudicó por $2,1 billones la operación logística de los comicios del próximo año. La firma ganadora, una vieja conocida de las urnas colombianas, fue una unión temporal encabezada por Thomas Greg & Sons. Con este fallo, la empresa ratifica su hegemonía en la organización electoral, pese al ruido político y las advertencias desde lo más alto del poder Ejecutivo.
Gustavo Petro no escatimó críticas. Desde la Casa de Nariño lanzó dardos sobre la imparcialidad del proceso, sembró dudas sobre la transparencia de las futuras elecciones y agitó la sospecha de un presunto “control privado” sobre la democracia. Sin embargo, ni sus reclamos ni el debate público evitaron que Thomas Greg –firma que ha acompañado al país en cada cita electoral desde 2010– se impusiera una vez más. Paradójicamente, con su infraestructura se eligió al propio Petro como alcalde, senador y, finalmente, presidente de la República.
La polémica no es nueva. Desde hace más de una década, esta compañía ha estado en el ojo del huracán cada vez que se aproxima un ciclo electoral. Sus críticos insisten en los riesgos de concentrar en una misma firma tareas tan sensibles como la impresión de tarjetones, el escrutinio preliminar y la transmisión de datos. Sus defensores, por otro lado, destacan su capacidad técnica, su experiencia acumulada y el cumplimiento reiterado en procesos de alto riesgo logístico. Esta vez, el proceso estuvo bajo lupa y, pese a las tensiones, no hubo reparo que impidiera la adjudicación.
Más allá del debate político, el reloj electoral ya está corriendo. Con este contrato, la unión temporal encabezada por Thomas Greg asumirá 13 tareas críticas que definirán la operatividad del proceso electoral en 2026. Entre ellas están la producción e impresión de los formularios electorales, la habilitación del software de escrutinio, la provisión de kits para jurados, el diseño de la arquitectura tecnológica de resultados y la transmisión segura y en tiempo real de los boletines oficiales. Cada uno de estos engranajes será determinante para garantizar que los colombianos puedan votar con garantías.
La Registraduría, dirigida por Alexander Vega, defendió la adjudicación señalando que se trató de un proceso con más filtros que nunca. Hubo participación activa de la Procuraduría, la Contraloría y la Misión de Observación Electoral (MOE), además de auditorías externas que certificaron la idoneidad técnica de las propuestas recibidas. Aunque el ruido político no cesa, en el plano jurídico y contractual todo parece haberse desarrollado dentro de los cauces legales.
Pero la tensión no se disipa. Desde el Pacto Histórico, sectores afines al presidente han advertido que no se quedarán quietos. Han anunciado debates de control político, solicitudes de investigación y hasta acciones legales para revisar el alcance del contrato. Algunos líderes del oficialismo han ido más allá y han sugerido la necesidad de una “reforma urgente” al sistema de contratación electoral, para evitar lo que llaman la “privatización de la democracia”. La batalla, parece, apenas comienza.
En este escenario cargado de desconfianza, las elecciones de 2026 se perfilan como una de las más retadoras de las últimas décadas. Thomas Greg, curtido en estas arenas, vuelve a tener el timón logístico. Petro, en cambio, se queda en la orilla con el ceño fruncido y la certeza de que no controla las reglas del juego que, en parte, lo llevaron al poder. Mientras tanto, la ciudadanía –esa que hace fila, deposita su voto y espera resultados confiables– solo espera que los ecos de esta tormenta política no contaminen el acto más fundamental de una democracia: elegir.
