El presidente Gustavo Petro lanzó un contundente llamado a los colombianos residentes en Estados Unidos para que se pronuncien en contra del proyecto que gravará con un impuesto las remesas enviadas a Colombia. La iniciativa, que avanza en el Congreso estadounidense, ha encendido alarmas entre miles de trabajadores migrantes y sus familias en territorio nacional.
A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario alertó sobre las consecuencias económicas de esta medida que afectaría directamente el ingreso real de los migrantes, quienes destinan buena parte de sus salarios a sostener a sus hogares en Colombia. “A la población trabajadora colombiana en EE. UU., le cobrarán un impuesto de remesas por sus envíos a sus familias a Colombia, si el congreso de EE. UU. aprueba un proyecto del gobierno estadounidense”, expresó Petro en sus redes.
El llamado del jefe de Estado no solo busca movilizar a los colombianos en suelo norteamericano, sino también generar un debate en el país sobre la reciprocidad en materia fiscal. En ese sentido, Petro propuso que el Congreso colombiano considere implementar un gravamen similar sobre las remesas enviadas desde Colombia hacia Estados Unidos, apelando al principio diplomático de la reciprocidad entre naciones soberanas.
La polémica medida tiene su origen en un proyecto aprobado en la Cámara de Representantes de EE.UU. como parte del paquete presupuestal del expresidente Donald Trump. El texto ahora se encuentra en discusión en el Senado y contempla un impuesto del 3,5 % sobre las remesas, cifra menor al 5 % inicialmente planteado, pero que sigue generando rechazo en América Latina por el impacto económico que representa.
Para muchas familias colombianas, las remesas constituyen un ingreso vital para cubrir gastos básicos como alimentación, educación y salud. Un gravamen de esta naturaleza significa una reducción significativa en los recursos disponibles, afectando especialmente a las regiones más vulnerables y dependientes de estas transferencias económicas.
Organizaciones migrantes y líderes comunitarios en Estados Unidos ya han manifestado su preocupación por el proyecto, argumentando que penalizar el envío de dinero a sus países de origen es una forma de castigar a quienes contribuyen económicamente desde el exterior. Por su parte, el Gobierno colombiano busca acompañar esta voz para proteger a sus ciudadanos y defender sus intereses internacionales.
Este episodio abre un nuevo capítulo en la compleja relación entre la diáspora colombiana y las políticas públicas de ambos países, poniendo sobre la mesa la necesidad de acuerdos bilaterales que resguarden el bienestar de los migrantes y sus familias. En medio del debate, la invitación de Petro es clara: no dejar pasar una iniciativa que podría impactar duramente a miles de hogares colombianos, tanto dentro como fuera de las fronteras.
