A las dos de la madrugada del 5 de mayo, mientras gran parte del país dormía, el presidente Gustavo Petro publicaba un mensaje cargado de inquietud, frustración y acusaciones en su cuenta de X. Denunció que su discurso del Día Internacional del Trabajo, pronunciado el 1 de mayo desde la emblemática Plaza de Bolívar, había sido objeto de censura. “No quieren que se escuche al presidente”, escribió, encendiendo una vez más el debate sobre el rol de los medios, la libertad de expresión y la institucionalidad.
No es la primera vez que el jefe de Estado se siente marginado del espectro mediático tradicional. Esta vez, sin embargo, fue más allá: acusó directamente a la “oligarquía colombiana” de orquestar un apagón informativo que, según él, busca invisibilizar su voz y borrar su proyecto político. Equiparar este silencio mediático con las desapariciones forzadas que aún laceran la memoria nacional. El paralelo, además de inquietante, revela una narrativa presidencial cada vez más enraizada en la confrontación simbólica con los poderes establecidos.
El discurso completo, de más de una hora, fue subido a YouTube por el propio mandatario, quien insistió en que los medios tradicionales se negaron a transmitirlo en su totalidad. Según sus opositores, sin embargo, la expectativa de Petro de que los canales interrumpieron su programación regular para replicar sin cortes su alocución, raya en la desmesura. Para algunos, es un intento de convertir cada intervención suya en un acto oficial de obligatorio cubrimiento; para otros, es una legítima defensa frente a un cerco mediático percibido.
El Día del Trabajo no es una fecha cualquiera: históricamente ha sido una plataforma para las reivindicaciones sociales, los derechos laborales y las luchas populares. Petro lo sabe, y desde la plaza quiso convertir su discurso en una nueva proclama política. Habló del modelo económico, de justicia social, de la necesidad de transformar las estructuras históricas de poder. Pero al centrarse en la censura posterior, terminó desplazando la atención de su mensaje hacia el ruido que provocó su difusión, o la falta de ella.
La reacción en redes fue inmediata. Miles de comentarios a favor y en contra inundaron la publicación nocturna del presidente. Algunos ciudadanos coincidieron en que los grandes medios sí omiten partes sustanciales de sus discursos, mientras otros le recordaron que, como jefe de Estado, tiene canales institucionales para comunicar sin necesidad de dramatizar en la madrugada.
El episodio desnuda un viejo dilema colombiano: la relación tensa y a veces hostil entre el poder político y el poder mediático. En un país donde la prensa ha sido blanco de múltiples presiones —gubernamentales, económicas y criminales—, la denuncia de censura no puede tomarse a la ligera. Pero tampoco puede convertirse en un recurso discursivo constante para desacreditar cualquier crítica o matiz periodístico.
En lugar de sembrar aún más polarización, este momento podría ser una oportunidad para revisar cómo se están construyendo los puentes entre gobierno, medios y ciudadanía. ¿Debe transmitirse en su totalidad cada discurso presidencial? ¿Tienen los medios la obligación de reproducir sin filtros las palabras del mandatario? ¿Dónde se traza la línea entre censura y selección editorial?
Gustavo Petro, en su tono épico y combativo, ha elegido la madrugada como escenario para sus denuncias. Pero más allá de la hora, lo que está en juego es la forma en que se construye el relato del poder y cómo ese relato es compartido, o negado, en una democracia que aún está buscando su equilibrio entre las voces que gobiernan y las voces que narran. ¿Escuchamos al presidente o solo lo leemos entre líneas?
