En un nuevo episodio de tensión entre el gobierno y las instituciones encargadas de la justicia en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha arremetido contra la Fiscalía General de la Nación, acusándola de actuar fuera de su competencia al iniciar una investigación en su contra. A través de su cuenta personal en X, Petro publicó una imagen de lo que según él sería una orden de Policía Judicial que lo tiene en la mira, lo cual generó un nuevo capítulo en la relación entre el poder ejecutivo y el ente acusador. Sin embargo, la realidad detrás de esta acusación parece ser más compleja y menos directa de lo que el presidente ha presentado en su mensaje.
El mandatario afirmó que la Fiscalía está violando la Constitución al adelantar una investigación en su contra sin tener las competencias necesarias. Según Petro, en el sistema jurídico colombiano, cualquier pesquisa que involucre al presidente de la República debe pasar primero por una fase política en el Congreso, particularmente en su Comisión de Acusación. Esta postura de Petro no es nueva; el presidente ha sido enfático en reiterar su desconfianza en las instituciones judiciales, especialmente en la Fiscalía, a la que ha señalado en varias ocasiones de estar siendo utilizada con fines políticos, más que con el propósito de hacer cumplir la ley.
A pesar de la gravedad de las acusaciones del presidente, fuentes cercanas a la Fiscalía han salido a aclarar el panorama, dejando en claro que, de acuerdo con la normativa colombiana, no existe un impedimento para que el ente acusador inicie una investigación preliminar. La explicación es sencilla: si bien es cierto que las investigaciones contra el presidente deben pasar por el Congreso, esto no significa que la Fiscalía no pueda iniciar una pesquisa sobre hechos que involucren al mandatario. En otras palabras, la investigación no está prohibida, pero debe ser tramitada con ciertas restricciones y procedimientos especiales, lo que implica que el Congreso tiene la última palabra en ciertos momentos.
En su mensaje, Petro señaló que la orden de Policía Judicial mostrada en la imagen sería una evidencia de que lo están investigando sin las competencias adecuadas. No obstante, la Fiscalía ha dejado claro que, aunque se haya iniciado una investigación preliminar, esto no implica necesariamente que el presidente esté siendo investigado de manera formal o que se haya llegado a una fase acusatoria. De hecho, los procesos judiciales contra presidentes en funciones son sumamente delicados, ya que deben equilibrar las prerrogativas del Ejecutivo con las responsabilidades del sistema de justicia, lo que obliga a seguir procedimientos estrictos para evitar cualquier abuso de poder o motivación política.
Este enfrentamiento entre Petro y la Fiscalía no es un hecho aislado. A lo largo de su mandato, el presidente ha tenido varias fricciones con diferentes entidades del Estado, especialmente con aquellas que considera que están siendo utilizadas para frenar su agenda política. Desde el principio de su gobierno, Petro ha mantenido una postura crítica frente a lo que él ve como un sistema judicial y fiscal que no siempre opera con imparcialidad. Para muchos de sus seguidores, este choque con la Fiscalía es solo una extensión de esa batalla más amplia por mantener el control político y evitar lo que consideran una persecución por parte de los poderes tradicionales.
Sin embargo, para otros sectores de la sociedad, especialmente en la oposición, las acusaciones de Petro a la Fiscalía suenan a un intento de descalificar el trabajo de las instituciones y de evadir el control que éstas deben ejercer sobre cualquier mandatario. La relación entre el gobierno y la justicia en Colombia ha sido históricamente tensa, y este incidente no hace sino recalcar esa división. La percepción de que el sistema judicial podría estar parcializado en función de intereses políticos, ya sea en favor del presidente o en su contra, es una de las grandes preocupaciones de muchos colombianos.
En este contexto, la pregunta que surge es hasta qué punto las instituciones judiciales pueden operar con total independencia del poder ejecutivo, y cómo se puede garantizar que la ley se aplique sin distinciones o presiones políticas. La Fiscalia, como entidad autónoma, tiene la responsabilidad de investigar cualquier conducta que atente contra el orden legal, sin importar la posición o el cargo de quien esté involucrado. Sin embargo, la particularidad de tratarse de un presidente en ejercicio exige que se manejen con una rigurosidad especial los procedimientos legales y constitucionales, para evitar caer en un uso político del sistema de justicia.
Al final, lo que está en juego no solo es la relación entre el presidente y la Fiscalía, sino también la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. La percepción de que las investigaciones están siendo manipuladas con fines políticos podría socavar la credibilidad tanto del gobierno como de las instituciones encargadas de velar por la justicia en Colombia. Por lo tanto, es imperativo que este conflicto se resuelva con la mayor transparencia posible, respetando siempre el marco constitucional y garantizando que el proceso se realice sin influencias externas o intereses ajenos a la justicia misma.
