La historia de los pasaportes en Colombia ha dejado de ser un simple trámite consular para convertirse en un reflejo de los juegos de poder más crudos del actual Gobierno. Tras meses de incertidumbre, el Ejecutivo decidió prorrogar por siete meses el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons, justo lo que en su momento propuso Laura Sarabia, cuando aún era la figura más influyente del gobierno Petro. Hoy, ella está fuera del gabinete, pero su hoja de ruta sigue viva, impulsada por quienes ganaron la interna palaciega. Un giro irónico que evidencia no sólo tensiones políticas, sino una preocupante falta de transparencia.
En el centro del nuevo capítulo aparece Elvira Sanabria Salazar, actual secretaria general de la Cancillería y vieja amiga de infancia del jefe de gabinete, Alfredo Saade. Sanabria es la funcionaria encargada de firmar el reciente convenio de cooperación con el Gobierno de Portugal, una movida que supuestamente resolvería el limbo de la producción de pasaportes. Sin embargo, el documento no se ha hecho público y ni siquiera funcionarios de alto nivel en la Cancillería han tenido acceso a su contenido. Como en los viejos tiempos del secretismo de Estado, el país debe confiar a ciegas en una transición que, hasta ahora, se maneja desde círculos cerrados del poder.
Lo que se conoce del convenio es poco y preocupante: se trata de un “proceso de transición para la producción de pasaportes”, pero no hay cifras oficiales sobre su costo ni claridad sobre los plazos ni las condiciones técnicas. Una fuente que participó en su estructuración durante el gobierno anterior calcula que podría costar alrededor de dos billones de pesos, a lo que habría que sumar los gastos operativos. A esto se suma la duda sobre si la Imprenta Nacional, que ha sido promovida como eventual encargada, tiene realmente la capacidad tecnológica y operativa para asumir esa responsabilidad.
El vacío de información es tal que varias oficinas clave del Ministerio de Relaciones Exteriores aseguran no haber tenido conocimiento ni participación en la estructuración del acuerdo. “El tema lo está manejando Secretaría General de Cancillería y Jefatura de Gabinete”, firmaron dos altos funcionarios de la entidad, en declaraciones que confirman que las decisiones se están tomando lejos de los canales institucionales, en espacios cada vez más personalizados y opacos.
Resulta imposible no mencionar que esta ruta fue justamente la que propuso Laura Sarabia antes de ser desautorizada por el presidente Petro. Su salida del Gobierno, que parecía el cierre de un ciclo, se ha revelado como un movimiento ineficaz: la política terminó siguiendo sus pasos, pero sin ella. En política, a veces se pierde ganando, y en este caso, el mayor derrotado podría ser el ciudadano que ve cómo decisiones cruciales son tomadas entre círculos de amistades y lealtades personales, no bajo criterios técnicos ni institucionales.
Además, el hecho de que el Gobierno haya terminado prorrogando el contrato con Thomas Greg & Sons —empresa que fue señalada por el mismo Petro como símbolo de los vicios del pasado— refleja una contradicción política profunda. Tras cancelar la licitación con bombos y platillos, no quedó más opción que declarar la urgencia manifiesta y volver a firmar con la misma compañía. Así, el discurso del cambio volvió sobre sus propios pasos, arrastrando consigo la credibilidad institucional.
Mientras tanto, millones de colombianos siguen en espera de sus pasaportes, víctimas de una pelea palaciega que convirtió un trámite esencial en un campo de batalla político. Lo que debía ser una solución técnica y transparente se convirtió en un enredo de convenios ocultos, favores personales y silencios administrativos. En esta historia, el papel sellado vale menos que la palabra de los amigos del poder.
