El caso de Jonathan Eduardo Chaverra Ortiz, concejal del Partido Verde en Copacabana, ha tomado una dirección dramática tras la denuncia pública de su expareja, Claudia Aguirre, quien lo ha señalado de haberle infligido violencia física y psicológica. La denuncia fue conocida el pasado 20 de enero, cuando Aguirre relató a la justicia y a medios de comunicación su sufrimiento durante la convivencia con Chaverra. Los testimonios de la víctima han generado una ola de indignación y una creciente presión sobre el partido político que lo avaló.
Según lo declarado por Aguirre, el maltrato comenzó desde el inicio de su relación. A lo largo de su convivencia con Chaverra, la mujer fue sometida a insultos y humillaciones continuas. En sus intervenciones en medios, detalló cómo el concejal la menospreciaba constantemente, llamándola «fea», «vieja», y le decía que debido a su situación personal nadie la miraría. Sin embargo, los abusos no se limitaron al plano psicológico; Aguirre también fue víctima de agresiones físicas, especialmente cuando se encontraba embarazada.
Uno de los episodios más desgarradores que relató Aguirre fue el maltrato físico mientras estaba esperando a su hijo. Según su testimonio, Chaverra la golpeaba en el vientre con la intención de provocarle un aborto, ya que él no deseaba tener el hijo. Pese a las presiones de su pareja, Aguirre siempre manifestó su decisión de no abortar, lo que, según su versión, incrementó la violencia por parte de Chaverra.
El Partido Verde, pese a haber tenido conocimiento de los hechos desde enero, solo decidió abrir una investigación interna el 11 de febrero, un hecho que ha generado críticas por su tardanza en tomar acciones. A través de un comunicado, el partido expresó su rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres y mostró su solidaridad con la víctima, subrayando su compromiso con la promoción de culturas de respeto e igualdad. No obstante, su respuesta a la denuncia ha sido vista por muchos como insuficiente frente a la gravedad de las acusaciones.
Este caso subraya la necesidad urgente de que los partidos políticos, más allá de las palabras, actúen con prontitud y firmeza cuando se presentan denuncias de violencia de género. En una sociedad que lucha por erradicar la violencia contra las mujeres, los actores políticos deben dar el ejemplo, tomando medidas contundentes que no solo respalden a las víctimas, sino que también aseguren que la justicia prevalezca sin importar la posición o el cargo de quien esté involucrado.
