En un país donde los decretos han marcado hitos de poder, el más reciente firmado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha encendido de nuevo las alarmas en las altas esferas del poder judicial. Se trata del Decreto 799 de 2025, con el cual se cambia de raíz la competencia para conocer las acciones de tutela contra el presidente de la República. A partir de ahora, no será el Consejo de Estado quien revise inicialmente estas demandas, sino cualquier juez del circuito. Aunque el alto tribunal mantendrá una potestad de control posterior, esta decisión ha generado un profundo debate constitucional y político.
El cambio normativo se produce en medio de tensiones sostenidas entre el presidente Gustavo Petro y las altas cortes. Desde su llegada al poder, Petro ha protagonizado varios enfrentamientos con la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el propio Consejo de Estado. En todos los casos, el denominador común ha sido su inconformidad con fallos que han limitado sus decisiones de Gobierno. Ahora, con este nuevo decreto, el Ejecutivo se arroga una facultad que muchos consideran peligrosa: modificar el diseño institucional que garantiza los pesos y contrapesos entre ramas del poder.
La norma firmada por Montealegre establece que “las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, así como las actuaciones del presidente de la República (…) serán repartidas (…) a los jueces del circuito o con igual categoría”. En la práctica, se diluye la responsabilidad que hasta ahora tenía el Consejo de Estado sobre estos casos, lo que podría fragmentar el control judicial sobre los actos del Ejecutivo. El impacto no es menor: cualquier juez del circuito podría decidir, en primera instancia, sobre la legalidad de las actuaciones del presidente.
Desde el Gobierno, la narrativa es otra. La justificación oficial del decreto reposa sobre la necesidad de desconcentrar el poder judicial y ampliar las garantías de imparcialidad. “Esta nueva regla de reparto contribuye a fortalecer la imparcialidad estructural del sistema judicial”, reza uno de los apartados del documento. Para el Ministerio de Justicia, se trata de una modernización del sistema, no de una interferencia en la justicia. Sin embargo, no pocos juristas y constitucionalistas advierten que una medida de este calado debería pasar por el Congreso y no ser impuesta vía decreto.
El antecedente más cercano data de 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. En ese entonces, se estipuló que las tutelas contra el presidente debían ser conocidas por el Consejo de Estado. Con esta medida se pretendía proteger la figura presidencial de posibles decisiones contradictorias entre jueces de inferior jerarquía y garantizar mayor unidad en los criterios de interpretación constitucional. Montealegre revierte esa lógica. Para muchos, lo hace sin contar con la legitimidad política ni el consenso técnico necesarios.
La lectura que hacen sectores críticos del Gobierno es más política que jurídica. Aseguran que el decreto busca eludir el control de los tribunales que han fallado en contra del Ejecutivo. Al desconcentrar la competencia en jueces de circuito, muchos de ellos menos visibles y sin la capacidad institucional del Consejo de Estado, se facilitaría un escenario más favorable para el presidente en sus múltiples frentes judiciales. La medida podría abrir una caja de Pandora en la administración de justicia y generar una cascada de decisiones dispares sobre un mismo caso.
En últimas, este “decretazo” no es solo una decisión administrativa más. Es una movida con profundo trasfondo institucional. ¿Se trata de un intento del Ejecutivo por democratizar el acceso a la justicia o de una jugada arriesgada para debilitar el control judicial sobre la figura presidencial? Esa pregunta, como tantas otras en la historia reciente del país, tendrá que responder la Corte Constitucional. Y mientras tanto, el país vuelve a asomarse al abismo del choque entre poderes, con una democracia que, como tantas veces, se cuelga de un hilo tenso y delgado.
