La Organización de las Naciones Unidas encendió las alarmas sobre una práctica que, según su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, vulnera de manera flagrante el derecho internacional humanitario: los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones señaladas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico oriental. En un comunicado contundente, Volker Türk calificó estas operaciones como “ejecuciones extrajudiciales” y exigió su cese inmediato, así como la apertura de investigaciones independientes sobre lo ocurrido.
Las denuncias se producen tras una serie de ataques recientes en los que, de acuerdo con fuentes de la ONU, al menos 62 personas murieron en altamar en menos de un mes. Washington presentó estas acciones como parte de su estrategia de lucha contra el narcotráfico transnacional, argumentando que las embarcaciones neutralizadas representaban una amenaza para la seguridad hemisférica. Sin embargo, para Naciones Unidas, la respuesta militar fue desproporcionada y carente de control judicial, una combinación que, según expertos en derecho internacional, abre la puerta a graves violaciones de derechos humanos.
“Estos ataques, con su creciente coste humano, son inaceptables”, señaló Türk, quien recordó que ningún Estado puede arrogarse el poder de aplicar la pena de muerte fuera de su jurisdicción, y menos sin un debido proceso. La declaración del alto funcionario no solo tiene peso moral, sino también jurídico: al hablar de “ejecuciones extrajudiciales”, la ONU coloca a Estados Unidos bajo la lupa de los mecanismos internacionales de rendición de cuentas, incluido el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra.
Las operaciones cuestionadas forman parte de la llamada Campaña Tridente, una iniciativa naval estadounidense que desde hace dos años patrulla las aguas del Caribe y del Pacífico oriental con el apoyo de varios países latinoamericanos. Según datos del Comando Sur, más de 120 embarcaciones han sido “neutralizadas” en lo corrido de 2025. Pero los informes de campo recopilados por la ONU y por organizaciones como Human Rights Watch apuntan a un patrón inquietante: la destrucción total de las lanchas, la ausencia de rescates y la desaparición de los cuerpos de quienes las tripulaban.
Para la ONU, estos hechos no pueden justificarse bajo el argumento de la “guerra contra las drogas”. Volker Türk insistió en que el narcotráfico, por grave que sea, no exime a los Estados del cumplimiento de los principios básicos del derecho internacional: proporcionalidad, humanidad y responsabilidad. “El uso de la fuerza letal solo es legítimo cuando existe una amenaza inminente y concreta, no ante presunciones de criminalidad”, enfatizó.
La reacción del Gobierno estadounidense fue inmediata, aunque cautelosa. Un portavoz del Departamento de Estado rechazó el calificativo de “ejecuciones extrajudiciales” y defendió las operaciones como “acciones legítimas de defensa y protección marítima”. No obstante, evitó referirse a las denuncias sobre la desaparición de los tripulantes ni a las versiones que indican que varios de los muertos eran pescadores locales sin nexos comprobados con el narcotráfico.
La polémica ha puesto en una posición incómoda a los países latinoamericanos que cooperan con Washington en labores de interdicción marítima. Colombia, Panamá, Costa Rica y Ecuador, entre otros, han mantenido prudente silencio ante las observaciones de la ONU. Fuentes diplomáticas señalan que en varias de esas naciones existen reservas sobre la forma en que Estados Unidos ejecuta sus operaciones, muchas veces sin coordinación plena con las autoridades locales.
Con esta advertencia, la ONU reabre un debate que parecía enterrado: ¿hasta dónde puede llegar la fuerza en nombre de la seguridad global? Los ataques a las narcolanchas, más allá de su aparente eficacia, plantean un dilema moral y jurídico que trasciende las aguas del Caribe y el Pacífico. Si las denuncias prosperan y se confirman las violaciones señaladas, Washington podría enfrentar uno de los más duros cuestionamientos a su política antidrogas desde los tiempos de la invasión a Panamá. El mar, escenario de disputas invisibles, vuelve a ser espejo de las tensiones entre justicia y poder.
