En un movimiento que ha generado atención tanto en la arena política como en la opinión pública, el Ministerio del Interior designó a Jaime Berdugo, viceministro general de esa cartera, como alcalde ad hoc para la ciudad de Barranquilla. La decisión tiene un foco muy específico: asumir las funciones relacionadas con la constructora Alejandro Char & Cía., una empresa históricamente vinculada a uno de los clanes políticos más influyentes del Caribe colombiano.
El nombramiento responde a la necesidad de evitar conflictos de interés, toda vez que la administración distrital actual mantiene lazos políticos con la familia Char, grupo que no solo ha gobernado por varios periodos en Barranquilla, sino que también posee una activa participación en los sectores empresarial, deportivo y mediático. En este contexto, el Gobierno nacional busca garantizar la neutralidad administrativa en decisiones que puedan implicar intereses cruzados.
Aunque desde el Ministerio se ha insistido en que la medida es puramente técnica y preventiva, en la Costa la lectura política es inevitable. En momentos donde los ecos del reciente debate sobre corrupción y favoritismo resuenan con fuerza en distintos niveles del Estado, la intervención del Gobierno central en un tema tan sensible como el urbanismo y la contratación pública en Barranquilla tiene implicaciones que trascienden lo procedimental.
El nombre de Alejandro Char ha estado presente en las últimas semanas no solo por su relevancia empresarial, sino también por su rol en el ajedrez político nacional, especialmente como excandidato presidencial y como figura central del movimiento Cambio Radical. De allí que cualquier actuación estatal que roce su entorno empresarial sea observada con una lupa cargada de simbolismo.
Para muchos analistas, este paso del Ministerio del Interior constituye una señal de que el Ejecutivo busca ejercer un mayor control sobre decisiones regionales que puedan tener implicaciones jurídicas o éticas. En un país donde la autonomía territorial convive con las tensiones de la descentralización, nombrar a un alcalde ad hoc en una de las principales capitales del país no es un gesto menor.
Jaime Berdugo, reconocido por su perfil técnico y discreto, tiene ahora la responsabilidad de manejar un tema que podría tener efectos judiciales a mediano plazo. No se trata solo de tomar decisiones administrativas, sino de asegurar que esas decisiones no estén contaminadas por presiones políticas o vínculos familiares. Su gestión será seguida de cerca, tanto por las autoridades de control como por la ciudadanía barranquillera.
El reto, sin embargo, va más allá del caso puntual. Lo que está en juego es la capacidad del Estado para marcar límites claros entre lo público y lo privado, especialmente cuando este último está representado por figuras que han moldeado el rumbo de ciudades enteras. El caso de Barranquilla podría convertirse en un referente sobre cómo se gestiona la ética en la administración pública local.
Por ahora, la ciudad se encuentra a la espera. Mientras se desarrollan los procesos que motivaron esta intervención puntual, los barranquilleros observan con atención cómo se mueve la balanza entre la institucionalidad y la política. El nombramiento de Berdugo puede ser apenas un capítulo más, pero no deja de ser una señal clara: el Estado central está dispuesto a intervenir cuando los intereses privados amenacen con desdibujar el interés colectivo.
