La escena ocurrió en silencio, como suelen suceder las tragedias que nacen de la rutina. José Alberto Trujillo, un adulto mayor de 73 años, murió en la mañana del lunes 21 de julio mientras esperaba atención en la Oficina de Atención al Afiliado (OAA) de la Nueva EPS, en Neiva. Su muerte, producto de un infarto, ha conmocionado no solo a quienes estaban presentes, sino a una ciudad entera que aún intenta entender cómo es posible que alguien muera esperando un turno en un lugar al que llegó buscando alivio. Las preguntas arrecian, y ahora la Personería municipal ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.
La EPS confirmó el fallecimiento de Trujillo y aseguró que el personal médico y administrativo de la oficina reaccionó “de inmediato”, brindando primeros auxilios y maniobras de reanimación mientras se esperaba la llegada de una ambulancia. Sin embargo, el video grabado por un ciudadano testigo del hecho muestra una escena angustiante: un hombre desplomado, rodeado de gestos de desesperación, y un entorno que parece más preparado para el papeleo que para la urgencia médica. En ese contraste, entre lo que debía ser y lo que fue, se encierra la verdadera dimensión de esta tragedia.
Testigos aseguran que Trujillo había llegado horas antes al lugar y que, pese a estar en la fila preferencial, llevaba más de tres horas esperando. El dato, que aún debe ser verificado oficialmente, multiplica la indignación de una ciudadanía ya harta de un sistema que parece condenar a los más vulnerables al abandono burocrático. ¿Cómo es posible que en un país donde la salud es un derecho constitucional, morir en la espera se vuelva una posibilidad tan concreta?
La respuesta no está solo en Neiva. Este caso es apenas una fotografía dolorosa de un sistema de salud colapsado por la ineficiencia, el desborde administrativo y la falta de humanidad. En oficinas atiborradas, donde el tiempo se mide en fichas y el dolor en esperas interminables, los adultos mayores son los primeros en caer. Lo que le ocurrió a José Alberto Trujillo podría pasarle mañana a cualquier otro colombiano de a pie. Y eso, más allá de las investigaciones que ahora comienzan, debería ser el mayor motivo de alarma nacional.
Desde la Personería de Neiva se anunció que se indagarán las condiciones en las que se prestaba el servicio, la capacidad de respuesta de la oficina y la atención que recibió el usuario antes de colapsar. Pero también se pide la intervención de los entes de control y vigilancia del sector salud. No se trata solo de saber si hubo negligencia puntual, sino de entender si estamos ante una falla sistémica que, de no corregirse, seguirá cobrando vidas.
Las EPS —en teoría garantes del acceso eficiente y oportuno a la salud— han terminado convertidas en laberintos que castigan la enfermedad con trámites, excusas y listas de espera interminables. El caso de Trujillo, lejos de ser un hecho aislado, se convierte en el rostro más crudo del fracaso institucional: un ciudadano que muere en medio del trámite, sin haber alcanzado siquiera a ser escuchado. Ni la edad, ni la urgencia, ni la dignidad alcanzaron a salvarlo.
Ahora, más allá de los informes, de los comunicados y de los protocolos que se revisarán con lupa, queda una certeza amarga: José Alberto Trujillo no debió morir así. Su muerte, grabada en video y reproducida con horror por millones, es un grito que el Estado no puede ignorar. Porque morir en la fila no es una excepción. Es un síntoma. Y ese síntoma, si no se atiende, puede llevarnos a la ruina moral de un sistema que olvida que detrás de cada afiliado hay un ser humano.
