La reciente aprobación del impuesto a la seguridad en la Asamblea Departamental de Antioquia ha generado más incertidumbres que certezas. A pesar de ser presentado como una medida clave para fortalecer la seguridad en el departamento, hasta ahora no está claro quién será el encargado de realizar el cobro. Empresas Públicas de Medellín (EPM), señalada inicialmente como una opción viable, ya descartó asumir esa responsabilidad, según lo expresaron su gerente, Jhon Maya Salazar, y el presidente de su junta directiva, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga.
El gobernador de Antioquia, quien convocó a los medios de comunicación en un intento por aclarar el panorama, no logró despejar las dudas sobre el tema. Sus declaraciones no hicieron más que subrayar las dificultades logísticas y económicas que implica la implementación del nuevo impuesto. “Nosotros tendremos que incurrir en unos costos operativos y logísticos superiores para cobrar a que, si lo pudiéramos hacer con EPM, pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de asumir el reto, pero sin ofrecer una solución concreta.
Mientras tanto, el limbo administrativo en el que se encuentra esta ordenanza parece haber encendido las alarmas en el ámbito legal. Se espera que abogados y ciudadanos empiecen a estudiar la posibilidad de demandar la implementación de este impuesto, argumentando desde posibles irregularidades en su aprobación hasta la falta de claridad en su ejecución. El rechazo de EPM, sumado a los altos costos que implica el recaudo, ha desatado críticas sobre la viabilidad de esta medida y su impacto en la ciudadanía.
El impuesto a la seguridad, concebido para reforzar la protección en Antioquia, corre el riesgo de convertirse en un ejemplo de improvisación y falta de planificación. Mientras no se resuelva quién asumirá el cobro y bajo qué condiciones, la medida parece más un dolor de cabeza administrativo que una solución efectiva a los problemas de seguridad del departamento. La pregunta que queda en el aire es si esta ordenanza, aprobada con bombos y platillos, logrará cumplir con su propósito o terminará naufragando en un mar de dudas y demandas.
