El pasado lunes, las autoridades capturaron a Misael Cadavid Jaramillo, jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, en una operación sorpresa que dejó al descubierto una trama de presunta corrupción que va mucho más allá del uniforme que lo identificaba como servidor público. La Fiscalía lo acusa de haberse apropiado indebidamente de millonarios recursos estatales a través de contratos con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), por un total superior a los $17.000 millones, suscritos durante la administración de Daniel Quintero en Medellín. En uno de los contratos investigados, por un valor total de $4.000 millones, los investigadores sostienen que Cadavid se habría apropiado de aproximadamente $3.000 millones, es decir, el 75 % del total. Las cifras son escandalosas no solo por su magnitud, sino por el aparente nivel de impunidad con el que operó la red. Según la Fiscalía, el jefe de bomberos no actuaba solo: su nombre aparece acompañado del de cinco personas más, entre ellas tres ex funcionarias del AMVA y dos de sus propios colaboradores dentro del cuerpo de bomberos. Pero los señalamientos no terminan en los contratos irregulares. Testigos lo han vinculado además con una presunta operación aún más delicada: su rol como supuesto intermediario en la venta de la «franquicia» de la filial de EPM en la Costa Atlántica, Afinia, por un valor de US$8 millones. La Fiscalía indaga si Cadavid fungía como enlace para la entrega de cargos y contratos dentro de la empresa, una movida que habría tenido lugar también bajo la administración de Quintero (2020-2023).Lo que parecía una apacible vida institucional en el municipio de Itagüí, resultó ser, según la justicia, el escenario de una posible operación delictiva en expansión. La captura de Cadavid no fue una casualidad, sino el desenlace de una larga indagación que se venía cocinando en silencio. Desde hace meses, la sede de los bomberos fue objeto de pesquisas discretas: agentes del CTI incautaron computadores, discos duros y documentos físicos en una diligencia que se manejó con absoluta reserva.»Sí vinieron, pero no fue un allanamiento», declaró Cadavid en su momento, intentando restar gravedad al procedimiento. Aseguró que solo solicitaron algunas memorias USB, que luego fueron devueltas. Sin embargo, para los investigadores, el material incautado habría sido clave para estructurar el caso: se cree que durante ese tiempo se realizaron copias espejo de los archivos digitales, con el fin de rastrear movimientos financieros, correos comprometedores y órdenes de contratación
Entre los capturados figuran también Ana María Roldán y Diana María Montoya, ex subdirectoras ambientales del AMVA, así como María Yaneth Rúa, presunta supervisora de los contratos irregulares. Del lado de los bomberos, cayeron Juan Alberto Cardona, tesorero de la entidad, y Elkin González, su representante legal. Las autoridades analizan si esta estructura operaba como una red organizada para drenar recursos públicos bajo la fachada de convenios interinstitucionales Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los investigadores es el acelerado crecimiento patrimonial de Cadavid. Desde 2021, figuran a su nombre al menos 22 bienes, muchos de ellos adquiridos en efectivo o a través de operaciones poco claras. Este dato cobra aún más relevancia si se contrasta con su rol de funcionario en una entidad voluntaria y sin fines de lucro, lo que plantea interrogantes sobre el verdadero origen de sus ingresos.
Este caso podría ser apenas el inicio de una investigación de mayor calado que pondría al descubierto posibles alianzas entre entidades públicas, empresas estatales y operadores privados, bajo un esquema de corrupción sistémica. Mientras Misael Cadavid enfrenta su proceso en los estrados, el país vuelve a enfrentar una dolorosa realidad: quienes deberían proteger a la ciudadanía —incluso desde instituciones como los bomberos— también pueden terminar encendiendo las alarmas por la descomposición institucional.
