El desabastecimiento de medicamentos en 2023, que afectó a miles de colombianos, ha llegado a un punto crítico: la Procuraduría General de la Nación anunció este jueves que el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, será llevado a juicio disciplinario por su presunta responsabilidad en la gestión fallida de la crisis. Según el ente de control, Jaramillo habría omitido tomar medidas urgentes para garantizar la disponibilidad de al menos 2.351 medicamentos e insumos médicos esenciales.
El caso pone en el centro del debate la gestión del sistema de salud pública en un momento de alta vulnerabilidad para el país. Durante el período señalado, la falta de medicamentos comprometió la atención de pacientes con enfermedades crónicas, como diabetes y cáncer, además de complicar tratamientos básicos en hospitales de todo el territorio nacional. Para la Procuraduría, el ministro no habría actuado con la diligencia necesaria para mitigar la emergencia, pese a las advertencias que ya estaban sobre la mesa.
La defensa de Jaramillo, sin embargo, insiste en que la crisis tiene raíces estructurales que van más allá de su administración. En declaraciones recientes, el ministro aseguró que el desabastecimiento responde a factores externos, como problemas en las cadenas globales de suministro y prácticas especulativas por parte de algunos proveedores locales. No obstante, sus críticos señalan que la falta de una estrategia efectiva para coordinar con laboratorios y hospitales agravó la situación.
Organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación no solo por el impacto que tuvo la crisis en los pacientes, sino también por lo que consideran un patrón de falta de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de la salud pública. «El juicio disciplinario es un paso importante, pero debe ir acompañado de reformas estructurales que garanticen que estos episodios no se repitan», aseguró un vocero de una de las principales asociaciones de pacientes del país.
Este proceso disciplinario será clave no solo para determinar la responsabilidad de Jaramillo, sino también para establecer precedentes en la vigilancia de las altas esferas gubernamentales. En un sistema de salud constantemente señalado por ineficiencias, el caso del ministro podría convertirse en un símbolo de la urgente necesidad de reformar y fortalecer la gestión pública en este sector crítico
