En el complejo tablero del sistema de salud colombiano, la línea entre realidad y discurso parece haberse vuelto difusa. El presidente Gustavo Petro aseguró recientemente que más de 90.000 profesionales de la salud, organizados en 10.800 Equipos Básicos de Salud (EBS), están recorriendo los territorios más apartados del país, llevando atención médica casa a casa. La afirmación, aunque impactante, fue rápidamente puesta en entredicho por expertos que decidieron contrastar el relato oficial con los datos disponibles. ¿Es una realidad consolidada o apenas una proyección de lo que el Gobierno espera lograr?
El miércoles 25 de junio, desde su cuenta en la red social X, el mandatario compartió un video producido por el Ministerio de Salud. En él se muestran imágenes de brigadas de atención primaria recorriendo zonas rurales. “Ya van 90.000 personas de la fuerza de la salud, pagas por el gobierno nacional”, escribió Petro. En el mismo mensaje celebró la estrategia como un cambio de paradigma: “No esperamos que el enfermo llegue al hospital, vamos a la casa para que no enferme”. Pero, como en muchos aspectos de su gestión, la letra pequeña es lo que importa.
Fue el investigador en salud pública de la Universidad de Harvard, Johnattan García Ruiz, quien prendió las alarmas. A través de un minucioso análisis publicado en la misma red social, García desmontó el relato oficial utilizando cifras del propio Ministerio de Salud. Su veredicto fue contundente: los datos presentados por el presidente son, en el mejor de los casos, una exageración basada en recursos asignados, no en acciones ejecutadas.
La diferencia radica en los tres pasos que requiere un EBS para entrar en funcionamiento real: apropiación (asignación de recursos), giro (entrega de esos fondos al hospital) y ejecución (contratación efectiva del equipo médico). El gobierno ha anunciado apropiaciones presupuestales para miles de equipos, pero eso no implica que todos estén en operación. En muchas regiones, ni siquiera se ha terminado el proceso de contratación. Hay dinero, sí, pero falta equipo humano, logística y, sobre todo, ejecución.
La crítica de García no apunta a la intención del programa —que es, en teoría, loable— sino al uso político de cifras que no tienen sustento en la realidad del territorio. “Asignar plata no es lo mismo que tener médicos en el terreno”, insistió el investigador. Su mensaje resonó con fuerza en medios académicos y técnicos, donde se ve con preocupación cómo el Gobierno construye narrativas triunfalistas con datos que no superan un análisis riguroso.
Este episodio pone sobre la mesa una pregunta más profunda: ¿estamos frente a una estrategia de salud pública o a una operación de propaganda? En un país donde los hospitales rurales siguen desbordados, donde el personal médico escasea y donde el acceso a la salud es todavía una promesa incumplida para millones, las cifras deberían reflejar verdades, no aspiraciones. Inflar los logros puede servir en el discurso, pero debilita la confianza institucional.
Si el Gobierno pretende transformar el modelo de atención en salud —y ojalá lo logre— necesita más que promesas y publicaciones virales. Requiere planificación realista, ejecución transparente y resultados medibles. Porque en salud pública no se trata solo de llegar, sino de quedarse, de sanar. Y, sobre todo, de no mentir.
