En las laderas y avenidas de Medellín, donde hace apenas unos años florecían alojamientos turísticos al ritmo del boom digital, hoy se respira un ambiente de frustración institucional. La Secretaría de Turismo del Distrito ha encendido las alarmas: más de 1.200 solicitudes para cancelar registros turísticos irregulares han sido enviadas al Gobierno Nacional sin que, hasta el momento, se haya recibido una sola respuesta efectiva.
José Alejandro González, secretario de Turismo, habla sin rodeos: “Estamos haciendo el trabajo, pero el Estado nos está dejando con las manos atadas”. El funcionario se refiere a las viviendas que operan como alojamientos turísticos y que, si bien deberían cumplir con los requisitos del Registro Nacional de Turismo (RNT), incurren en violaciones como operar en zonas no autorizadas, incumplir normativas de ruido o ignorar las normas de convivencia ciudadana.
Actualmente, 8.300 viviendas cuentan con registro formal en Medellín, pero las autoridades locales aseguran que una porción importante de ellas incumple los requisitos establecidos. El problema no solo radica en las irregularidades visibles, sino en la imposibilidad de hacer efectivas las medidas correctivas. Es decir, el municipio detecta, inspecciona y reporta… pero el sistema no responde.
El fenómeno, que comenzó como una oportunidad para dinamizar la economía y atraer inversión extranjera, especialmente en sectores como El Poblado y Laureles, se ha ido desbordando. Los residentes denuncian una creciente afectación a la convivencia: fiestas hasta la madrugada, ruido constante, inseguridad y uso indebido de espacios residenciales como hoteles improvisados.
Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se ha intentado dar una respuesta técnica a las críticas. Se afirma que el proceso para revocar registros es complejo y que requiere de pruebas sólidas, que deben ser estudiadas caso por caso. Sin embargo, en Medellín crece la sensación de que la normativa nacional no está adaptada al ritmo y volumen de la crisis local.
La ciudad, otrora ejemplo de planeación y recuperación urbana, enfrenta ahora un dilema moderno: cómo sostener una industria turística vibrante sin sacrificar el bienestar de los residentes ni transgredir el marco legal. Y es un dilema que Medellín no enfrenta sola: otras ciudades como Cartagena y Santa Marta también han reportado dificultades similares con el control de la vivienda turística.
El debate se enmarca en una discusión más amplia sobre el rol de plataformas como Airbnb y el vacío regulatorio que las rodea en Colombia. Si bien han democratizado el acceso al turismo, también han creado un limbo legal que pone en aprietos a las administraciones locales, especialmente cuando el poder de sancionar depende de un Gobierno central que actúa con lentitud o sin coordinación clara.
Por ahora, la Secretaría de Turismo sigue documentando y denunciando. Pero mientras las respuestas no lleguen, Medellín permanecerá atrapada entre la prosperidad fugaz de un modelo turístico expansivo y la impotencia burocrática que le impide ordenarlo
