Ecuador está conmocionado tras el hallazgo de los cuerpos calcinados de cuatro menores de edad cerca de una base militar en Taura, Guayas, el pasado 24 de diciembre. El hecho, que ha sido catalogado por la justicia como un caso de desaparición forzada, involucra a 16 militares que ahora están bajo custodia mientras se desarrollan las investigaciones. Los menores, de entre 11 y 15 años, desaparecieron tras un operativo militar el 8 de diciembre, cuando salieron a jugar un partido de fútbol en el sur de Guayaquil y no regresaron.
Las familias de las víctimas, identificadas como Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, recibieron llamadas anónimas y ubicaciones sospechosas en los días posteriores a la desaparición. Una de estas ubicaciones conducía a los manglares cerca de la base militar, donde finalmente se encontraron los restos. El caso ha despertado alarma internacional, con organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Unicef exigiendo una investigación exhaustiva y condenando la brutalidad de los hechos.
Un video difundido por la Asamblea Nacional, cuya autenticidad aún está en proceso de verificación, muestra presuntamente a militares subiendo a uno de los menores a una camioneta y golpeándolo, mientras otro permanece boca abajo en el vehículo. Esta grabación contradice la versión inicial del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, quien aseguró que los uniformados estaban atendiendo un llamado de auxilio por un robo. La Fiscalía, por su parte, desmintió esa afirmación y afirmó que no existen pruebas que respalden dicha narrativa.
Los cuerpos, según Billy Navarrete, director del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil, están «destruidos e incinerados», lo que complica los procesos de identificación. Organizaciones como Human Rights Watch han señalado que este caso podría ser el resultado de serias violaciones de derechos humanos en el contexto de la política de mano dura que el presidente Daniel Noboa ha implementado contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
La comunidad internacional, así como los familiares de las víctimas, claman por justicia y exigen que los responsables sean identificados y procesados. Mientras tanto, la sociedad ecuatoriana enfrenta el impacto de una tragedia que refleja las tensiones entre la seguridad estatal y el respeto a los derechos humanos en un país que lucha contra la creciente influencia de bandas criminales.
