Durante más de medio siglo, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) operó en Colombia como una de las entidades más poderosas en materia de inteligencia y contrainteligencia. Fundado el 18 de julio de 1960, este organismo acumuló información sensible sobre ciudadanos, opositores políticos, periodistas, jueces y líderes sociales. Su historia, sin embargo, terminó manchada por denuncias de persecución, interceptaciones ilegales y abusos de poder, que llevaron a su disolución definitiva en 2011. Hoy, 14 años después, el país se prepara para mirar de frente a ese pasado.
El presidente Gustavo Petro firmó recientemente un decreto que ordena la desclasificación de los archivos del DAS. No se trata de una tarea menor: son 57.425 cajas de documentos, almacenadas por más de una década y que contienen los restos de una inteligencia de Estado que actuó, en muchos casos, al margen de la ley. El proceso, según el Gobierno, busca garantizar el derecho a la verdad, la memoria histórica y la transparencia institucional.
El documento de 11 páginas establece el procedimiento técnico que se deberá seguir. La tarea de revisar, conservar y clasificar este inmenso volumen de información estará en manos del Archivo General de la Nación (AGN), entidad que tendrá a su cargo la intervención archivística. Eso incluye desde la foliación y restauración física de los documentos, hasta su digitalización y puesta a disposición pública, cuando sea posible.
Este proceso técnico no solo busca conservar los documentos, sino hacerlos accesibles. Para ello, el AGN también deberá aplicar protocolos de limpieza documental, lo que implica retirar clips, grapas, ganchos y otros materiales que puedan deteriorar los soportes. Una vez completado ese trabajo físico, se procederá a organizar y describir cada expediente para su consulta, tanto por parte de ciudadanos como de entidades estatales.
Uno de los aspectos más delicados será el manejo de información personal y sensible. Por eso, el decreto establece que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) será la encargada de realizar un proceso de anonimización. Esto significa que los datos que puedan identificar a personas serán tratados de tal forma que su identidad quede protegida, aunque los documentos sigan siendo útiles para investigaciones históricas, científicas o jurídicas.
La apertura de los archivos del DAS no solo responde a una promesa de campaña de Gustavo Petro, sino que se inscribe en una agenda más amplia de reparación histórica. Varias víctimas de seguimientos ilegales, incluidos magistrados, defensores de derechos humanos y periodistas, han pedido durante años conocer la verdad detrás de las operaciones del organismo. Con esta medida, el Gobierno busca entregarles una herramienta para acceder a esa verdad.
El reto, sin embargo, es monumental. Por la cantidad de documentos y la sensibilidad del contenido, el proceso podría tardar varios años. Además, deberá ser acompañado de veeduría ciudadana y organismos de control, para evitar manipulaciones o destrucción de archivos. La experiencia internacional ha mostrado que abrir los archivos de inteligencia puede ser clave para sanar heridas colectivas, pero también puede reavivar tensiones políticas.
Con esta decisión, Colombia se suma a otros países que han optado por enfrentar su pasado oscuro con transparencia. La desclasificación de los archivos del DAS marcará un antes y un después en la relación entre el Estado y la ciudadanía. Ya no será posible esconder la verdad bajo llave. Lo que por años estuvo oculto en 57 mil cajas empezará, poco a poco, a hablar.
