La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, emitió una directriz para dejar en libertad a Erlinson Echavarría Escobar, alias ‘Ramiro’, comandante del frente 18 de la facción del Estado Mayor Central de las Farc. Este acto ha generado controversia, especialmente tras las declaraciones del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien reveló que en la caravana donde fueron capturados varios guerrilleros de las disidencias de las Farc, viajaba un menor de edad reclutado por la guerrilla.
El gobierno, por su parte, afirmó que la caravana de las disidencias había sido autorizada en el marco de los diálogos de paz. Sin embargo, el hallazgo de cien millones de pesos y barras de oro en los vehículos ha levantado serias dudas sobre las intenciones detrás del desplazamiento de estos guerrilleros.
A pesar de que algunos funcionarios gubernamentales han tratado de elogiar el comportamiento de las unidades de la IV Brigada, responsables del procedimiento en Puente Gabino, la molestia en las altas esferas del gobierno es palpable. La caravana recorrió un largo trayecto desde Tibú, Norte de Santander, sin ser interceptada hasta llegar a Antioquia, lo que ha generado preguntas sobre los controles y la logística de este operativo.
Las críticas también se han dirigido hacia el tratamiento preferencial que parecen recibir las disidencias de las Farc, en comparación con alcaldes y otros funcionarios amenazados que no cuentan con protección de la Unidad Nacional de Protección. En este contexto, el director de la UNP ha sostenido que la protección de los alcaldes debe ser asumida por las gobernaciones, una postura que ha generado aún más polémica y preocupación.
