En medio de una coyuntura política cada vez más polarizada, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto que podría marcar un antes y un después en su mandato: la convocatoria a una consulta popular, aún después de que el Senado negara esa posibilidad. Pero el detalle que ha encendido las alarmas no es solo el contenido del documento, sino las firmas ausentes de varios de sus ministros, entre ellos la poderosa Laura Sarabia. El presidente fue tajante: quien no firme, se va. Sin embargo, el Gobierno ahora parece navegar entre la disciplina interna y los atenuantes logísticos.
El decreto, hecho público este miércoles, llegó como un desafío abierto al Congreso y como un gesto de reafirmación del proyecto político del Pacto Histórico. Petro advirtió que esperaba la adhesión plena de su gabinete, una señal de unidad frente a una consulta que busca legitimar reformas estructurales que han tenido obstáculos legislativos. Pero al revelarse el documento, quedó claro que no todos los ministros rubricaron el texto. Una omisión que, en el contexto actual, no puede leerse sólo como un olvido.
Entre las ausencias más notorias está la de la canciller Laura Sarabia, figura clave del círculo más estrecho de Petro, conocida por su habilidad operativa y política. Su nombre no aparece entre los firmantes, aunque desde la Casa de Nariño se ha dicho que su viaje oficial a Bruselas, programado con semanas de anticipación, justifica su ausencia. En su lugar firmó la encargada Rosa Yolanda Villavicencio. A Sarabia la acompaña Edwin Palma, ministro de Minas, cuya firma también fue sustituida. La narrativa oficial apunta a compromisos diplomáticos, pero la lectura política no se agota en lo administrativo.
También causó sorpresa que no apareciera la firma de la ministra de Ambiente, Lena Yanina Estrada, ni la del flamante ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien paradójicamente fue uno de los principales arquitectos jurídicos del decreto. ¿Cómo explicar que el inspirador de una iniciativa no estampe su nombre en ella? Aunque no se ha dado una versión oficial, las conjeturas van desde desacuerdos de fondo hasta cálculos personales en medio de un Gobierno que avanza sobre terreno inestable.
Para muchos analistas, más allá de las excusas logísticas o las agendas previamente pactadas, el episodio desnuda una tensión latente en el gabinete presidencial: la disyuntiva entre la lealtad incondicional y la autonomía técnica o política. Petro exige cohesión, pero algunos ministros parecen apostar a un margen de reserva, quizás para no quedar atrapados en la tormenta que se avecina si la consulta fracasa o es deslegitimada.
La incertidumbre que genera el decreto es doble: por un lado, su legalidad será ampliamente discutida en los próximos días; por otro, la cohesión del gabinete se pone a prueba de manera explícita. ¿Se trata de un distanciamiento calculado por parte de algunos ministros? ¿O simplemente de un episodio administrativo sobredimensionado por el contexto político? En cualquier caso, las firmas —o la falta de ellas— han cobrado un peso simbólico inesperado.
Hoy, más que un documento legal, el decreto se ha convertido en un termómetro de lealtades dentro del alto Gobierno. Mientras Petro continúa empujando su proyecto por fuera de los cauces tradicionales del Congreso, las decisiones de sus ministros —y sus silencios— configuran un nuevo mapa de poder. En esa cartografía, la ausencia también dice, y a veces grita.
